- Tras más de tres décadas de carrera parlamentaria, la senadora socialista fue cesada de su cargo por decisión del TC, debido a su participación en la fallida compra de la casa de Salvador Allende por parte del Estado. El caso generó un fuerte remezón político y recriminaciones cruzadas entre oficialismo y oposición.
Este jueves, el Tribunal Constitucional (TC) marcó un antes y un después en la historia política del país al cesar del cargo a la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende Bussi, por infracción a la Carta Magna. La decisión, calificada como “histórica” por diversos sectores, se relaciona con la fallida compra, por parte del Estado, de la casa en la que vivió su padre, el expresidente Salvador Allende, inmueble del cual ella era copropietaria.
La resolución fue adoptada por una mayoría del Pleno del TC, con ocho ministros votando a favor del cese de la parlamentaria, tras el requerimiento presentado por representantes legales de parlamentarios de Chile Vamos y del Partido Republicano. El tribunal concluyó que la senadora incurrió en una infracción constitucional al intentar celebrar un contrato con el Estado, situación prohibida expresamente para autoridades en ejercicio.
La noticia sacudió el ámbito político nacional, ya que pone fin a la carrera parlamentaria de una de las figuras históricas del socialismo chileno. Isabel Allende debutó como diputada en 1994, cargo que ejerció hasta 2010, para luego ser electa senadora por Atacama y posteriormente por Valparaíso. En 2014, hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir el Senado.
Sin embargo, su trayectoria se vio empañada por este episodio, originado el 31 de diciembre de 2024, cuando el gobierno anunció la adquisición de la casa ubicada en calle Guardia Vieja, Providencia, con el objetivo de convertirla en un museo en homenaje a Salvador Allende. Solo tres días después, tras revelarse que dos de los copropietarios eran Isabel Allende y la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, el Ejecutivo se vio obligado a cancelar la operación.
El monto a pagar por el inmueble ascendía a 933 millones de pesos, lo que generó críticas sobre posibles conflictos de interés y violaciones constitucionales. El Presidente Gabriel Boric reaccionó pidiendo la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien había liderado la fallida compra.
La ministra vocera subrogante de Gobierno, Aisén Etcheverry, reaccionó a la decisión del TC señalando que se trata de una pérdida importante para el Congreso y lamentó que una carrera marcada por la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género termine de esta forma. No obstante, enfatizó que el Ejecutivo respeta la autonomía del Tribunal y reconoció errores administrativos, los cuales ya están siendo investigados mediante sumarios internos y una causa en Fiscalía.
La oposición, en tanto, celebró el fallo. Máximo Pavez, abogado de los parlamentarios requirentes, sostuvo que “sí existió un intento de celebrar contrato con el fisco” y que el Tribunal actuó conforme a derecho. Desde Chile Vamos y el Partido Republicano señalaron que este es un mensaje claro sobre que nadie está por sobre la ley.
En el oficialismo, las reacciones han sido mixtas. Mientras algunos lamentan la decisión del TC, otros ya han comenzado a exigir explicaciones al Gobierno, cuestionando el manejo político del caso y el impacto institucional de haber expuesto a dos altas figuras públicas —Isabel Allende y Maya Fernández— a una situación de esta magnitud.
En un comunicado público, Isabel Allende manifestó su “profundo pesar” ante la resolución y defendió que tanto ella como su familia actuaron con total buena fe. Afirmó que la venta nunca se concretó y que no recibieron dinero alguno por el proyecto patrimonial, cuya intención, según ella, siempre fue honrar la memoria de su padre.
Asimismo, expresó que “el fallo no mancha el legado de Salvador Allende, que seguirá vivo en la memoria colectiva, en las calles, plazas y conciencia democrática del pueblo de Chile”. También defendió su propia trayectoria, asegurando que nunca utilizó su cargo para beneficio personal y que siempre respetó la ley.
La parlamentaria agradeció las muestras de apoyo recibidas y reafirmó su convicción de haber actuado con integridad. Sin embargo, la sentencia del TC es inapelable y pone fin inmediato a su mandato en el Senado.
Ahora, surgen nuevos cuestionamientos hacia el gobierno por la falta de control y evaluación política previa a una operación de alto riesgo institucional. Dentro del propio Partido Socialista, algunos parlamentarios han comenzado a pedir explicaciones a La Moneda, por lo que anticipan un complejo escenario para el Ejecutivo, que deberá enfrentar una nueva ola de presión tanto desde la oposición como de sus propias filas.
La destitución de Isabel Allende, más allá de su impacto jurídico, representa un hito político y simbólico que continuará generando debate sobre los límites del poder, la transparencia en la función pública y la protección de los principios constitucionales.