- El informe UCOD revela alzas en delitos predatorios, mayor sofisticación tecnológica y creciente infiltración en economías locales, con foco en macrozonas Norte y Centro. Gobierno valora el trabajo y llama a una persecución persistente.
La Fiscalía Nacional presentó el Informe de Crimen Organizado en Chile 2025, documento elaborado por la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas (UCOD) que actualiza y compara las principales amenazas, dinámicas y tendencias del fenómeno delictual entre 2023 y 2024. La radiografía nacional concluye que, mientras el tráfico de drogas se mantiene como actividad criminal predominante —casi la mitad de los ingresos ilícitos del período—, los delitos predatorios como secuestros y extorsiones son los que más crecen en 2024, en un contexto de mayor sofisticación tecnológica y penetración en economías locales.
El estudio consigna que, aunque los homicidios bajaron de forma estadísticamente significativa, 16,5% de estos delitos tuvo vínculo directo con el crimen organizado, con concentración de casos en Arica y Parinacota, Antofagasta, Biobío y las fiscalías Metropolitana Sur y Centro Norte, donde incluso se observan tendencias al alza en eventos asociados a control territorial y uso de armas.
En materia económico-delictual, el informe reporta 100 condenas por lavado de activos en 2024, mayoritariamente derivadas de tráfico de drogas, y un salto de 90% en los ingresos por tráfico de armas entre 2023 y 2024, indicador que, junto con la expansión de mercados ilícitos, tensiona las capacidades de persecución penal y control fronterizo. En el sistema penitenciario, se incautaron en promedio 21 celulares por día durante 2024, evidenciando la persistencia de comunicaciones delictivas desde recintos carcelarios. A nivel juvenil, 44% de los detenidos por robo violento de vehículos corresponde a menores de edad, un dato que refuerza la urgencia de intervenciones preventivas y de reinserción.
Mapas y dinámicas por macrozonas
La Macrozona Norte exhibe alta concentración e interdependencia de mercados ilícitos: tráfico de drogas, contrabando, robo de cobre, trata de personas y tráfico de migrantes. Se mantienen niveles elevados de violencia y presencia de organizaciones transnacionales (colombianas y venezolanas), con riesgo de corrupción activa o pasiva en controles fronterizos.
La Macrozona Centro es la de mayor densidad criminal del país. Allí se han consolidado organizaciones nacionales y extranjeras con fuerte incidencia en narcotráfico, homicidios y extorsiones. Los puertos de San Antonio y Valparaíso emergen como puntos críticos para el tráfico internacional, y se observa alta correlación entre armas de fuego, control territorial y homicidios.
En la Macrozona Sur se constata la expansión de bandas transnacionales, incluyendo células del Tren de Aragua, Los Piratas, La Hermandad y Hermanos Cartier. Se describe vínculo estructural entre tráfico de drogas, extorsiones y delitos sobre recursos naturales (robo de madera, cobre, salmones), con uso creciente de violencia y tecnología que complejiza la persecución penal.
La Macrozona Austral exhibe menor prevalencia del fenómeno, pero alta vulnerabilidad geográfica y aduanera, además de redes híbridas que articulan actores locales con extranjeros, especialmente en narcotráfico y contrabando.
Género y nacionalidad: roles y especialización
El informe incorpora un análisis de género que muestra mayor participación femenina en trata de personas (38%), tráfico de migrantes (37%) y tráfico de drogas (26%–33%), con roles logísticos y financieros de relevancia. Por nacionalidad, se observan bolivianos y colombianos dominando el tráfico a gran escala; venezolanos con mayor presencia en ketamina, asociación ilícita y secuestros; y chilenos concentrados en microtráfico y delitos contra la propiedad.
Coordinación interinstitucional y valoración del Gobierno
La Fiscalía subrayó el carácter inédito del estudio por su profundidad y metodología mixta —cuantitativa y cualitativa—, con insumos de Carabineros, PDI, Gendarmería, Armada, SENDA, Aduanas y la Subsecretaría del Interior, entre otras instituciones. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró el documento: “Lo que hace es reportar resultados de las investigaciones y de la persecución penal e intervención policial. Revela cómo el Estado ha enfrentado el crimen organizado en Chile, que se estructura en torno a economías ilícitas altamente rentables y a delitos predatorios”, sostuvo.
Para Cordero, el informe muestra resultados y coordinación del sistema de seguridad, pero advierte que se trata de organizaciones con lógicas empresariales que requieren un ataque persistente y sistemático. En esa línea, el Gobierno remarcó la necesidad de alinear persecución penal, control de armas y fronteras, lavado de activos y gestión penitenciaria, junto con políticas preventivas focalizadas en jóvenes y territorios críticos.
Con la publicación del Informe de Crimen Organizado 2025, la Fiscalía Nacional busca ordenar evidencia, priorizar focos y optimizar recursos investigativos frente a amenazas que evolucionan con rapidez, exigiendo respuestas coordinadas, inteligentes y sostenidas para resguardar la seguridad y el Estado de derecho en todo el país.