Gobierno concreta expulsión de 34 migrantes con antecedentes penales 

  • El vuelo de la FACh trasladó a ciudadanos de Bolivia, Colombia y República Dominicana. Las expulsiones responden a medidas administrativas y judiciales por delitos como homicidio, tráfico de drogas y porte ilegal de armas.

Este domingo, el Gobierno de Chile concretó la expulsión de 34 ciudadanos extranjeros en un vuelo gestionado por la Fuerza Aérea de Chile (FACh), con destino a Bolivia, Colombia y República Dominicana, como parte del plan de control migratorio impulsado por el Ejecutivo.

La acción fue informada por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), que detalló que 21 de las expulsiones fueron de carácter administrativo y 13 judiciales. Los casos administrativos se relacionan con personas que ingresaron al país por pasos no habilitados o fueron sorprendidas cometiendo delitos como tráfico ilícito de drogas, hurto y porte ilegal de armas.

En tanto, las expulsiones judiciales correspondieron a individuos condenados por delitos graves como homicidio simple, robo con intimidación, asociación ilícita, receptación de vehículos motorizados, porte ilegal de armas y conducción en estado de ebriedad.

Desde Sermig explicaron que este procedimiento es el resultado de un trabajo conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), institución encargada de ubicar, detener y escoltar a los expulsados hacia sus países de origen. “Las expulsiones son parte de un esfuerzo coordinado para garantizar la seguridad pública y el cumplimiento de la legislación vigente”, indicó el organismo en un comunicado oficial.

Cifras en aumento

Con esta nueva operación, ya son 402 las expulsiones materializadas en lo que va del año 2025, de las cuales 285 han sido por orden administrativa y 117 por mandato judicial. Esta cifra se enmarca en una tendencia sostenida de control migratorio que ha variado en los últimos años.

Según datos entregados por el Sermig, en 2024 se registraron 1.100 expulsiones (690 administrativas y 410 judiciales), mientras que en 2023 la cifra fue de 946 (337 administrativas y 609 judiciales). Años anteriores evidencian un alto número de expulsiones judiciales, destacando el año 2018 con 2.052 casos, de los cuales 1.750 fueron por sentencia judicial.

La medida forma parte de la estrategia del Gobierno para mantener el control sobre la migración irregular y mejorar la seguridad ciudadana, con un enfoque que prioriza el respeto a los derechos humanos y el debido proceso.