- La Dirección de Presupuestos lideró la puesta en marcha de una nueva herramienta fiscal que busca mejorar la eficiencia del gasto estatal y reasignar recursos de baja prioridad, detectando ya un sobregasto de más de $10.600 millones en compras públicas.
Como parte de los compromisos asumidos en el marco de la discusión del Pacto Fiscal, el Gobierno, a través de la Dirección de Presupuestos (Dipres), ha dado un paso clave en materia de eficiencia del gasto público al instalar un sistema permanente de revisiones de gasto, una herramienta recomendada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que busca optimizar el uso de los recursos fiscales y reducir ineficiencias.
Este nuevo sistema fue diseñado en conjunto con el comité interministerial conformado por la Dipres, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Economía, y con el apoyo técnico de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP). Su implementación permitirá monitorear de forma continua los programas públicos, identificar áreas de gasto ineficiente y proponer mecanismos de reasignación presupuestaria.
De acuerdo con la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, la iniciativa busca responder a estándares internacionales de buena gobernanza fiscal. “Como país nos estamos poniendo al día con las recomendaciones internacionales. Este esfuerzo nos permite identificar recursos que se podrían estar utilizando mejor, nos entrega insumos clave al momento de formular la Ley de Presupuestos y nos permite realizar recomendaciones concretas a los servicios públicos para que los recursos se usen de la mejor manera posible y donde más se necesitan”, señaló.
Primera revisión: compras públicas y sobregasto
En el marco de este nuevo sistema, se presentó la primera revisión de gasto, centrada en el análisis de compras públicas realizadas entre 2022 y 2023. El estudio abarcó a 172 servicios públicos que participaron en 12 convenios marco, y reveló que si bien en 144 reparticiones no se detectaron anomalías, 28 servicios públicos concentraron el 91,2% del sobregasto, lo que se traduce en más de $10.615 millones, equivalentes al 3,6% del total gastado en ese período bajo dichos convenios.
El concepto de sobregasto se refiere a la diferencia entre el precio efectivamente pagado y el menor precio disponible para el mismo bien o servicio. En esta oportunidad, se constató que el mayor exceso de gasto se produjo en alimentos; artículos de aseo e higiene; productos de ferretería y servicios complementarios; y artículos de escritorio y papelería.
Según explicaron desde el Ministerio de Hacienda, el sobregasto aumentó hacia el segundo semestre de cada año, en parte debido a la aceleración de la ejecución presupuestaria, una práctica común en la administración pública para evitar subejecuciones.
Recomendaciones y próximos pasos
El informe presentado por Dipres sugiere una serie de recomendaciones estructurales, entre ellas: la generación de incentivos para evitar gastos innecesarios, la revisión periódica de las políticas de adquisición y la incorporación de mejores prácticas de gestión presupuestaria en todos los niveles del aparato estatal.
Asimismo, se plantea avanzar hacia un modelo de corresponsabilidad entre instituciones, que no sólo permita detectar a tiempo desviaciones en el gasto, sino también fortalecer la planificación presupuestaria basada en resultados y evidencias.
Este avance marca un hito relevante dentro de la modernización del Estado y responde a uno de los objetivos estratégicos del Ejecutivo en materia de sostenibilidad fiscal: mejorar la calidad del gasto y recuperar la confianza ciudadana en el uso de los recursos públicos. Con la implementación de este sistema permanente de revisión del gasto, el país da un paso hacia una administración más eficiente, transparente y responsable.