- Diversas organizaciones laborales, encabezadas por el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, rechazan la medida impulsada por la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, calificándola como un retroceso en derechos laborales fundamentales.
Con un fuerte llamado a movilizaciones ascendentes y en estado de alerta, agrupaciones, federaciones, confederaciones, gremios y sindicatos presentaron hoy una “Reconsideración” al dictamen emitido por la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, que modifica el criterio de “Confianza Legítima” para trabajadores y trabajadoras “a contrata” del sector público. Entre los gremios presentes, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, representado por su presidente Mario Aguilar, expresó un categórico rechazo a la medida, la cual calificó como “un grave retroceso en los derechos laborales básicos”.
Aguilar señaló que el cambio de criterio ha sido presentado de forma engañosa por ciertos sectores, sosteniendo que “se ha instalado la idea de que los trabajadores públicos tienen condiciones laborales privilegiadas, y eso es absolutamente falso”. Según el líder gremial, los trabajadores “a contrata” en el sector público enfrentan condiciones de trabajo muy precarias en comparación incluso con los empleados de pequeñas empresas del sector privado, quienes tras dos renovaciones de contrato logran estabilidad laboral como indefinidos, una garantía que no tienen los funcionarios públicos.
“El Estado de Chile no garantiza esos derechos de sus propios trabajadores, entonces, no es posible que habiéndose ganado un pequeño derecho como era el de la Confianza Legítima, hoy venga una Contralora de mutuo propio, sin que nadie le haya pedido un dictamen y se restringe en su propio deber fiscalizador”, advirtió Aguilar. Además, subrayó que el rol de la Contraloría es fiscalizar al Estado y que al dictar esta resolución, la Contralora General estaría restándose de su obligación constitucional de proteger a los funcionarios públicos de la arbitrariedad.
Aguilar enfatizó que retroceder en el derecho de la Confianza Legítima es un golpe a las garantías laborales y reafirmó la voluntad del gremio docente de continuar luchando para que este derecho sea restituido. “Vamos a dar la lucha hasta el final para que ese derecho se restituya”, concluyó el presidente del Colegio de Profesores, dejando en claro que esta demanda se mantendrá como una prioridad hasta que se garantice la estabilidad de los trabajadores a contrata en el sector público.