En un reciente oficio-respuesta entregado por la Policía de Investigaciones (PDI), se dio a conocer que en los últimos 18 meses, desde el año 2022 hasta junio de 2023, se han registrado un total de 76.722 ingresos clandestinos de extranjeros al país. Estos datos surgieron a partir de las denuncias y autodenuncias recibidas por la institución.
La solicitud de información fue realizada por el diputado RN Andrés Longton, quien quedó sorprendido al constatar el aumento significativo de ingresos irregulares en un periodo tan corto de tiempo, coincidiendo prácticamente con el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Estas cifras se acercan rápidamente a los 87.792 ingresos irregulares reportados en el periodo anterior bajo el mandato de Sebastián Piñera, lo que, según advirtió el parlamentario, representa un riesgo significativo para la seguridad del país.
Al analizar el lapso desagregado en meses, se revela que desde enero de 2018 hasta junio de 2019 se registraron 10.535 ingresos clandestinos (6.310 en el primer semestre de 2018 y 4.225 en el mismo periodo de 2019). Sin embargo, el número de ingresos clandestinos ha experimentado un considerable incremento en los primeros seis meses de 2023, llegando a la preocupante cifra de 22.820.
Asimismo, las cifras resaltan una disparidad entre los ingresos clandestinos y las expulsiones, ya que durante el mismo periodo de 2023, las expulsiones, tanto judiciales como administrativas, apenas llegan a 431. Esta diferencia ha generado inquietud entre los expertos, como el exdirector de Migraciones Álvaro Bellolio, quien calificó la situación como llamativa y planteó la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de control migratorio para mantener la seguridad y orden en el país.
Ante este escenario, el diputado Longton hizo un llamado a las autoridades competentes para que tomen medidas eficaces y responsables para abordar esta problemática de manera integral, garantizando la seguridad y bienestar tanto de los ciudadanos nacionales como de los extranjeros que ingresan al país de forma legal y respetuosa de las leyes vigentes.
Es fundamental que esta información sea abordada de manera transparente y se genere un diálogo constructivo entre las instituciones pertinentes, los representantes políticos y la sociedad en su conjunto, a fin de buscar soluciones efectivas que permitan mantener un equilibrio entre la acogida a aquellos que deseen aportar al país y la protección de las fronteras frente a situaciones de riesgo e irregularidad.
Fuente: Emol.