Instalación de Inhibidores de Señal en Cárceles: Un paso adelante que no resuelve los desafíos de fondo

  • La medida de implementar inhibidores de señal en algunas prisiones es vista como positiva por funcionarios penitenciarios y legisladores, aunque destacan que no aborda los problemas estructurales del sistema carcelario chileno, en medio de preocupaciones por el crimen organizado y posibles motines.

En un esfuerzo por contrarrestar el uso ilícito de dispositivos móviles dentro de los establecimientos penales, la instalación de inhibidores de señal ha sido recibida como un avance significativo por parte de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFP). Sin embargo, esta medida, aunque necesaria, es considerada insuficiente para solucionar las problemáticas profundas que afectan al sistema carcelario chileno.

Jokan Garrido, secretario nacional de la ANFP, reconoce el valor de los inhibidores para mejorar el funcionamiento de las cárceles, pero advierte que no son la solución integral a las numerosas dificultades que enfrentan estos recintos a nivel nacional. La situación es alarmante: cifras de Gendarmería de marzo de 2024 reportan 54.544 internos en el país, con cerca de 1.600 bandas criminales identificadas en enero del mismo año, de las cuales al menos 600 estarían activas en la comisión de delitos dentro de los penales.

Esta realidad ha llevado a legisladores a exigir un aumento de herramientas y recursos para Gendarmería. Tomás de Rementería, diputado de la bancada socialista y miembro de la comisión de Defensa de la Cámara, junto con Kenneth Pugh, senador independiente y presidente de la misma comisión, han resaltado la importancia de los inhibidores de señal. Sin embargo, ambos coinciden en que estas medidas son insuficientes ante el nivel de amenaza y riesgo que supone el crimen organizado, ahora más complejo con la llegada de bandas internacionales y el auge de la ciberdelincuencia.

La iniciativa de instalar inhibidores de señal también ha generado tensión entre la población penal, desencadenando amenazas de posibles motines. Esto ha llevado a Gendarmería a tomar medidas precautorias, como la suspensión de permisos al personal para estar preparados ante cualquier emergencia.

Este contexto subraya la necesidad de una revisión completa del sistema carcelario chileno, no solo en términos de seguridad y control, sino también en aspectos relacionados con la rehabilitación y reinserción de los internos. La lucha contra el crimen organizado y la prevención de la violencia dentro de los penales requiere de una estrategia integral que vaya más allá de la mera instalación de tecnología de inhibición de señales.

Mientras la implementación de inhibidores de señal es un paso en la dirección correcta, queda claro que la solución a los problemas del sistema carcelario chileno necesita de un enfoque más amplio y profundo, que incluya mejoras en la infraestructura, políticas de rehabilitación efectivas y un fortalecimiento de las capacidades de Gendarmería. Solo así se podrá enfrentar de manera eficaz los desafíos que plantea el crimen organizado y garantizar la seguridad tanto dentro como fuera de los muros penitenciarios.