- Juzgado de Garantía de Antofagasta impuso la medida cautelar más gravosa sin privación de libertad a la exmilitante de Revolución Democrática, tras concluir que representa un peligro para la sociedad y que existen antecedentes que acreditan su autoría en los millonarios traspasos irregulares vinculados a la fundación Democracia Viva.
En una audiencia que marcó un nuevo capítulo en el denominado caso Democracia Viva, el Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó este lunes la medida cautelar de arresto domiciliario total para la diputada desaforada Catalina Pérez, luego de que el Ministerio Público la formalizara por tres delitos de fraude al fisco, relacionados con traspasos irregulares de recursos públicos a la fundación Democracia Viva durante 2022.
La decisión fue adoptada por la jueza Claudia Campusano, quien acogió los argumentos de la Fiscalía en cuanto a que la parlamentaria, actualmente independiente tras haber pertenecido al Frente Amplio, constituye un peligro para la sociedad y que hay antecedentes suficientes para presumir su participación en los hechos investigados.
“La imputada tuvo una intervención activa y relevante en la gestión de los convenios investigados, lo que se traduce en una afectación directa a los intereses del Estado”, señaló la magistrada al comunicar la resolución, añadiendo que la gravedad del delito y la alta exposición pública del cargo que ostenta refuerzan la necesidad de una medida cautelar proporcional.
Pérez deberá cumplir el arresto domiciliario en Santiago, y el tribunal autorizó un plazo de 48 horas para que se concrete su traslado desde la región de Antofagasta hasta la capital, donde permanecerá bajo vigilancia policial.
Defensa rechazó los fundamentos
Durante la audiencia, el abogado defensor de Pérez, Gonzalo Medina, insistió en que “no existen pruebas concretas que acrediten una participación principal de la diputada en los delitos imputados”, e intentó restar responsabilidad al rol de su representada en los traspasos, los que calificó como “cuestionables desde el punto de vista administrativo, pero no necesariamente delictivos”.
Sin embargo, la jueza Campusano fue enfática al rechazar estos planteamientos, indicando que “los antecedentes recopilados por el Ministerio Público y los organismos fiscalizadores dan cuenta de una coordinación directa entre Pérez y los otros imputados, incluso en momentos previos a la firma de los convenios”.
Trama de corrupción en Vivienda
El caso Democracia Viva se destapó a mediados de 2023 y generó un terremoto político que salpicó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como al propio Frente Amplio. La investigación liderada por la Fiscalía de Antofagasta apunta a esclarecer las responsabilidades en tres convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de esa región y la ONG Democracia Viva, que suman más de $426 millones.
Uno de esos traspasos fue autorizado cuando Carlos Contreras, exseremi de Vivienda y exjefe de gabinete de Pérez, se encontraba en funciones. Junto a él, ya fueron formalizados también Daniel Andrade, expareja de la diputada y líder de la fundación, y Paz Fuica, exconcejala de Antofagasta y vinculada políticamente a los implicados.
Según la acusación, los fondos públicos transferidos fueron malversados o no destinados al cumplimiento de los fines establecidos, y en muchos casos, no se acreditaron avances físicos en los proyectos de habitabilidad ni en la implementación de campamentos, pese a haberse rendido los recursos.
Desaforamiento y presión política
La medida cautelar impuesta se produce apenas semanas después de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta aprobara por unanimidad el desafuero de Catalina Pérez, lo que permitió a la Fiscalía formalizarla penalmente.
La situación de Pérez ha generado un amplio debate político. Desde el Congreso, algunos parlamentarios de oposición han exigido la renuncia inmediata de la diputada, mientras que desde el oficialismo, si bien reconocen la gravedad del caso, han optado por esperar el desarrollo del proceso judicial antes de emitir juicios definitivos.
En tanto, la Cámara de Diputadas y Diputados informó que, mientras dure la medida cautelar, Pérez seguirá manteniendo su escaño, aunque no podrá asistir presencialmente al Congreso. Desde la testera, no se ha descartado que se analice un procedimiento disciplinario interno, dependiendo del avance de la causa.
Próximos pasos de la investigación
La Fiscalía de Antofagasta indicó que la investigación del caso continuará su curso en los próximos meses, centrando su atención en el seguimiento del destino de los fondos entregados a la fundación Democracia Viva, además de la eventual responsabilidad de otros funcionarios públicos y autoridades que hayan tenido conocimiento o participación en los convenios.
Asimismo, se prevé que nuevas diligencias se realicen durante las próximas semanas, incluyendo la solicitud de declaraciones testimoniales, peritajes financieros y revisión de correos electrónicos y registros de reuniones entre los involucrados.
En paralelo, la Contraloría General de la República mantiene vigente una auditoría interna sobre otros traspasos en regiones como Maule, Metropolitana y Biobío, en el marco del denominado caso “convenios”, que ha revelado un patrón preocupante de asignaciones directas sin evaluación técnica a fundaciones ligadas a partidos políticos.
Con esta resolución judicial, Catalina Pérez se convierte en la primera parlamentaria formalizada y sometida a arresto domiciliario por corrupción en ejercicio de su mandato desde el retorno a la democracia, lo que marca un precedente en la lucha institucional contra la corrupción político-administrativa en el país.