- Tras encabezar una reunión del Comité Político, el Mandatario firmó en Cerro Castillo dos proyectos de ley y un decreto que buscan avanzar en control del orden público, financiamiento del Estado y salida voluntaria de migrantes en situación irregular.
Durante la tarde de ayer lunes, luego de su Cuenta Pública y de sostener una reunión con el Comité Político, el Presidente José Antonio Kast puso en marcha parte de los anuncios centrales de su administración mediante la firma de dos proyectos de ley y un decreto. La actividad se desarrolló en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo y estuvo marcada por el énfasis del Ejecutivo en seguridad, orden institucional y responsabilidad fiscal.
El primer proyecto suscrito por el Mandatario corresponde a la creación del Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, iniciativa que busca fortalecer las herramientas del Estado frente a hechos que afecten el orden público, la convivencia ciudadana y la seguridad de los espacios comunes. La firma fue realizada junto al biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el encargado de Seguridad Pública, Martín Arrau; la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; y el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
La propuesta se enmarca en una de las prioridades declaradas por el Gobierno: recuperar el control de los espacios públicos y establecer mayores responsabilidades frente a conductas que alteren la vida cotidiana de las comunidades. Desde el Ejecutivo han señalado que el objetivo es avanzar hacia un sistema que permita identificar, registrar y sancionar con mayor eficacia situaciones vinculadas a vandalismo e incivilidades.
El segundo proyecto firmado por el Presidente Kast apunta al ámbito fiscal y busca autorizar un aumento del límite máximo de endeudamiento contemplado en la Ley de Presupuestos 2026. La iniciativa, suscrita junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, propone elevar dicha autorización en US$6.200 millones para el presente ejercicio presupuestario.
Según explicó el Gobierno, esta medida responde a la actualización del escenario fiscal contenida en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, el cual dio cuenta de mayores necesidades de financiamiento debido a menores ingresos proyectados, obligaciones de gasto que no habrían sido plenamente consideradas en la formulación presupuestaria, el impacto del tipo de cambio sobre las emisiones de deuda y la necesidad de fortalecer la posición financiera del Fisco.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ejecutivo, la mayor necesidad de endeudamiento se explica principalmente por una profundización del déficit fiscal en US$3.800 millones respecto de lo estimado originalmente en la Ley de Presupuestos. A ello se suman US$900 millones asociados al efecto del tipo de cambio y otros US$1.500 millones vinculados a compromisos ineludibles de pago reflejados en deuda flotante y caja.
Para La Moneda, se trata de una medida necesaria para asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones del Estado, normalizar la situación financiera heredada y entregar certeza respecto del financiamiento del ejercicio fiscal 2026. En ese contexto, el Gobierno busca instalar la idea de que el aumento del margen de endeudamiento no solo responde a una presión presupuestaria inmediata, sino también a la necesidad de ordenar las cuentas públicas y evitar mayores tensiones fiscales durante el año.
La jornada también incluyó la firma del decreto relativo al Mecanismo de Salida Voluntaria, contenido en el denominado Plan Retorno. La resolución fue secundada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y está orientada a facilitar el regreso a sus países de origen de migrantes que se encuentran en situación irregular y que decidan abandonar voluntariamente el territorio nacional.
Esta medida forma parte de la agenda migratoria anunciada por el Ejecutivo y busca establecer un procedimiento institucional para quienes opten por salir del país de manera voluntaria. El Gobierno ha insistido en que el Plan Retorno se complementa con otras acciones destinadas a ordenar la política migratoria, fortalecer el control fronterizo y enfrentar la permanencia irregular en el territorio nacional.
Tras la firma de las iniciativas, el Presidente Kast subrayó que estas medidas forman parte de la agenda del Gobierno para “fortalecer la seguridad, recuperar el orden institucional y garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos”.
Con estos primeros movimientos posteriores a la Cuenta Pública, el Ejecutivo busca mostrar capacidad de ejecución inmediata y abrir una nueva etapa legislativa marcada por tres ejes centrales: seguridad pública, disciplina fiscal y control migratorio. La discusión ahora se trasladará al Congreso, donde los proyectos deberán enfrentar un debate político clave en torno a sus alcances, financiamiento e impacto institucional.