Kast marca su primera Cuenta Pública con énfasis en seguridad, ajuste fiscal y reformas institucionales

  • En un discurso de 2 horas y 24 minutos ante el Congreso Nacional, el Mandatario expuso un diagnóstico crítico de las finanzas públicas, anunció nuevas medidas contra el delito y delineó reformas en salud, vivienda, cárceles y modernización del Estado.

En su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el Presidente de la República, José Antonio Kast, expuso durante 2 horas y 24 minutos los principales lineamientos de su administración, junto con un balance de sus primeros días al mando del país y una serie de medidas que buscará impulsar durante su gestión.

La intervención presidencial estuvo marcada por un tono institucional, sin descalificaciones personales ni confrontaciones directas con los bloques parlamentarios de oposición. Desde el inicio, el Mandatario buscó instalar una agenda de sello republicano, centrada en seguridad, orden fiscal, crecimiento económico, modernización del Estado y recuperación de la capacidad operativa de las instituciones.

Uno de los primeros puntos abordados fue la situación de las arcas fiscales. Kast realizó un duro diagnóstico de la condición financiera heredada por su administración y sostuvo que el año 2025 cerró con un déficit estructural de 3,7% del Producto Interno Bruto, más del doble del límite comprometido. En esa línea, atribuyó parte del deterioro a proyecciones de ingresos que calificó como excesivamente optimistas durante la administración anterior.

Frente a este escenario, el Presidente afirmó que su Gobierno ha impulsado recortes que permitirían ahorrar 1,3 billones de pesos, asegurando que dichos ajustes no se han realizado “en desmedro de las personas más necesitadas”. El mensaje buscó reforzar la idea de disciplina fiscal, pero también despejar eventuales críticas sobre el impacto social de las medidas de contención del gasto público.

En paralelo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó que la aprobación de la denominada megarreforma será clave para alcanzar una meta de crecimiento económico de 4% hacia el año 2030. Con ello, el Ejecutivo pretende instalar una hoja de ruta orientada a recuperar la inversión, mejorar la productividad y ordenar las cuentas públicas en un contexto de mayor exigencia fiscal.

La seguridad fue otro de los ejes centrales del discurso. El Jefe de Estado señaló que las víctimas de homicidio bajaron de 444 a 378 casos en comparación con el año anterior, aunque advirtió que la cifra sigue siendo alarmante y que el país no puede normalizar los actuales niveles de violencia. En ese contexto, anunció la creación de siete fuerzas de tarea institucionales destinadas a enfrentar amenazas específicas como el narcotráfico, los secuestros, los ciberdelitos y la violencia en la macrozona sur.

El Mandatario también informó que pondrá urgencia a la ampliación del plazo de flagrancia a 24 horas y al proyecto que sanciona a quienes cometan delitos encapuchados. Ambas iniciativas forman parte del paquete de medidas con las que el Ejecutivo busca fortalecer la persecución penal, facilitar la acción policial y responder a una demanda ciudadana persistente por mayor control del orden público.

Dentro de esa misma agenda, Kast anunció el Plan Barrido Total, una estrategia dirigida a erradicar el comercio ilícito, especialmente en sectores donde este fenómeno se ha transformado en foco de delitos e incivilidades. Según planteó el Gobierno, este tipo de actividades no solo afecta la convivencia y el comercio formal, sino que también se vincula con redes de tráfico, lavado de dinero y otras expresiones del crimen organizado.

Respecto de las policías, el Presidente anunció la presentación de un proyecto de ley destinado a mejorar las remuneraciones de Carabineros, en medio de la crisis de dotación que arrastra la institución desde el estallido social. La medida apunta a fortalecer la carrera policial, mejorar las condiciones laborales y contribuir a la recuperación de personal en una institución clave para la seguridad pública.

En materia de salud, el Mandatario destacó los avances del Plan Oncológico de 90 días, señalando que se habría logrado contactar al 99% de las personas que se encontraban en listas de espera por cáncer. El anuncio fue presentado como parte de una estrategia para enfrentar una de las áreas más sensibles del sistema sanitario, marcada por demoras, brechas de atención y alta presión asistencial.

Otro de los anuncios relevantes fue la reforma de infraestructura carcelaria, con la meta de incorporar 20 mil nuevas plazas al año 2030. La propuesta busca responder al hacinamiento penitenciario y a la necesidad de recuperar control al interior de los recintos, especialmente en un escenario donde el crimen organizado ha incrementado su presencia y capacidad de articulación.

En el ámbito social, Kast adelantó que el próximo 15 de junio se ingresarán indicaciones para establecer la Sala Cuna Universal, una medida largamente debatida y que apunta a facilitar la participación laboral femenina, reducir brechas de cuidado y ampliar el acceso a apoyo temprano para las familias.

El Presidente también anunció un proyecto de ley para fusionar el Ministerio del Interior con la Secretaría General de Gobierno, una medida que se inscribe en el objetivo de modernizar la estructura del Estado y reducir duplicidades institucionales. La propuesta anticipa un debate político relevante, tanto por sus implicancias administrativas como por el rol estratégico que ambas carteras cumplen en la conducción del Gobierno.

En vivienda, el Mandatario hizo un guiño al ministro del ramo, Iván Poduje, y comprometió una reconstrucción rápida y completa en las zonas afectadas por los incendios. Además, anunció el lanzamiento del Plan Sitio Eriazo y subsidios de hasta 4.000 UF, con los que el Ejecutivo buscará acelerar soluciones habitacionales, recuperar terrenos disponibles y ampliar la oferta de viviendas para familias que enfrentan dificultades de acceso.

Con esta primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast buscó ordenar el inicio político de su administración y fijar prioridades en áreas de alta sensibilidad ciudadana. Seguridad, crecimiento económico, ajuste fiscal, control del Estado, salud, vivienda y cárceles quedaron instalados como los principales ejes de una agenda que ahora deberá enfrentar su prueba más compleja: la tramitación legislativa y la capacidad real de implementación en los próximos meses.

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