- El ministro respaldó al titular de Hacienda luego de que diputados del PC y el PS anunciaran que acudirán a Contraloría por una eventual omisión en su Declaración de Intereses y Patrimonio. La controversia vuelve a instalar el debate sobre probidad, conflictos de interés y transparencia en el gabinete.
El ministro Claudio Alvarado salió al paso de los cuestionamientos formulados por diputados del Partido Comunista y del Partido Socialista, quienes anunciaron que acudirán a la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento por una posible omisión en la Declaración de Intereses y Patrimonio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
La ofensiva parlamentaria apunta a que el secretario de Estado habría omitido información vinculada a la participación de un familiar directo en una empresa que, según los legisladores, podría verse eventualmente beneficiada por medidas tributarias impulsadas por el Gobierno. En ese contexto, Alvarado defendió al titular de Hacienda y aseguró que no tiene dudas respecto de que la declaración se encuentra en regla.
“Los parlamentarios tienen el legítimo derecho, en su función de fiscalizar, a acudir a la Contraloría General de la República o a otras instancias cuando así lo determinen”, señaló el ministro en un punto de prensa, reconociendo la facultad fiscalizadora del Congreso. Sin embargo, inmediatamente marcó distancia de las sospechas levantadas desde la oposición.
Alvarado sostuvo que, en materia de Declaración de Intereses y Patrimonio, las autoridades deben explicitar los vínculos con familiares directos y la relación correspondiente. “Por lo tanto, no tengo duda que eso está ahí señalado en la declaración de patrimonio e intereses”, afirmó, intentando cerrar la puerta a la idea de una omisión deliberada.
El ministro también cuestionó el tono de la denuncia opositora, al señalar que una cosa es revisar antecedentes y otra distinta es buscar, desde la suspicacia, elementos que permitan configurar una eventual incompatibilidad. “Otra cosa es que con suspicacia empiecen a buscar elementos que puedan, según ellos, verificar la existencia de conflicto de intereses, pero yo no tengo dudas que no es así”, expresó.
La controversia se produce en un momento especialmente sensible para el Gobierno, marcado por el debate en torno a reformas económicas y tributarias, áreas donde el ministro Quiroz cumple un rol central. Por ello, las dudas sobre eventuales conflictos de interés adquieren un peso político mayor, no solo por la situación particular de una autoridad, sino por el estándar de transparencia que se exige a quienes participan en decisiones de alto impacto fiscal.
Alvarado, no obstante, defendió que los vínculos familiares no pueden traducirse automáticamente en impedimentos para ejercer funciones públicas ni en prohibiciones sobre las actividades profesionales que desarrollan parientes de una autoridad. “La familia no puede prohibir las actividades profesionales que se desarrollan”, indicó, agregando que comenzar a buscar posibles conflictos “dando vueltas en círculo” le parece ir demasiado lejos.
Pese a su defensa, el ministro valoró que el tema sea revisado por el órgano contralor. “Yo creo que es importante que vayan a la Contraloría y que la Contraloría al final determine y los saque de sus dudas”, sostuvo, trasladando la resolución de la controversia al organismo encargado de fiscalizar la legalidad de los actos de la administración pública.
El episodio deja abierta una nueva tensión entre el Ejecutivo y sectores de la oposición. Mientras los diputados del PC y el PS buscan que Contraloría despeje si existió o no una omisión relevante en la declaración de Quiroz, el Gobierno acusa una lectura política y excesivamente suspicaz de los antecedentes. En el fondo, el debate vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central para cualquier administración: hasta dónde llegan los deberes de transparencia de las autoridades y cómo se resguardan los principios de probidad cuando existen vínculos familiares o patrimoniales que pueden generar dudas públicas.
La definición de Contraloría será clave para establecer si el caso corresponde a una controversia política sin sustento administrativo o si, por el contrario, existen antecedentes que ameriten correcciones, aclaraciones o eventuales responsabilidades. Hasta entonces, el Gobierno optó por cerrar filas en torno al ministro Quiroz, aunque el costo político de la discusión ya quedó instalado en la agenda pública.