- La moción ingresada a la Cámara de Diputadas y Diputados propone modificar el Código del Trabajo para facilitar la contratación formal, ampliar márgenes de gestión empresarial e incorporar evaluaciones objetivas de desempeño como base para eventuales despidos.
Un proyecto de ley ingresado el pasado 14 de abril a la Cámara de Diputadas y Diputados busca modificar el Código del Trabajo con el objetivo de introducir mayores niveles de flexibilidad en la relación laboral, tanto en la etapa de contratación como en los procesos de desvinculación. La iniciativa abre un debate sensible en materia de empleo, productividad y estabilidad laboral, al proponer cambios que podrían alterar aspectos relevantes de la relación entre empleadores y trabajadores.
La moción plantea que las normas laborales deben interpretarse equilibrando la protección de los derechos de los trabajadores con el fomento del empleo formal, su resguardo y la facilitación de la contratación. Bajo ese enfoque, el proyecto busca instalar una mirada más flexible del marco laboral, argumentando que una regulación excesivamente rígida puede convertirse en una barrera para la creación de puestos de trabajo formales.
Entre los principales cambios propuestos se encuentra la incorporación de la falta de productividad como una causal vinculada a las necesidades de la empresa. De acuerdo con el texto, esta falta de productividad podría ser individual o colectiva, siempre que esté fundada en evaluaciones de desempeño objetivas, previas y debidamente formalizadas. En estos casos, la iniciativa establece el pago de indemnizaciones con un recargo de al menos un 30%, buscando compensar al trabajador afectado por este tipo de desvinculación.
El punto, sin embargo, aparece como uno de los aspectos más controvertidos del proyecto. La productividad es un concepto amplio y, si no cuenta con criterios claros, podría abrir espacio a interpretaciones discrecionales o abusivas. Por ello, la moción establece que toda evaluación de desempeño deberá estar contenida en el Reglamento Interno de Orden, Seguridad y Salud, con parámetros conocidos, comprensibles y previamente informados al trabajador.
Según la propuesta, dicho procedimiento deberá ser objetivo y formal, constituyéndose en un requisito indispensable para justificar un despido por falta de productividad. En caso de que el trabajador impugne la desvinculación, la reclamación solo podría fundarse en eventuales vicios o defectos del procedimiento de evaluación. Con ello, el proyecto refuerza la centralidad del proceso evaluativo como base para determinar si la causal fue aplicada correctamente.
La iniciativa también propone introducir mayor flexibilidad en la definición de funciones dentro del contrato de trabajo. Este cambio permitiría ampliar los márgenes de adaptación de las empresas frente a necesidades operativas, aunque también podría generar preocupación en torno a una eventual expansión de tareas sin suficiente delimitación contractual. En este punto, el debate legislativo deberá precisar hasta dónde puede llegar esa flexibilidad sin afectar la certeza laboral del trabajador.
Otro aspecto relevante es la posibilidad de que el empleador solicite exámenes de drogas antes de la contratación, siempre que esta facultad se encuentre regulada en el reglamento interno correspondiente. Esta medida apunta, según sus impulsores, a resguardar condiciones de seguridad y responsabilidad en determinadas actividades laborales. No obstante, también plantea interrogantes sobre privacidad, proporcionalidad y eventuales riesgos de discriminación en el acceso al empleo.
El proyecto se instala en un contexto donde la formalización laboral y la productividad se han convertido en temas centrales del debate público. Para sus defensores, la propuesta permitiría modernizar las relaciones laborales, reducir barreras a la contratación y entregar herramientas más claras a las empresas para gestionar el desempeño. Para sus críticos, en cambio, la iniciativa podría debilitar la estabilidad en el empleo si no se establecen resguardos suficientes frente a despidos injustificados o evaluaciones mal aplicadas.
La discusión que se abrirá en el Congreso será clave para definir si esta flexibilización logra compatibilizar eficiencia económica con protección laboral. El desafío estará en evitar que la búsqueda de mayor dinamismo para el mercado del trabajo derive en una precarización encubierta de las condiciones laborales, especialmente en un país donde la informalidad, la rotación y la incertidumbre siguen marcando la realidad de miles de trabajadores.
De avanzar en su tramitación, la moción obligará a revisar uno de los equilibrios más delicados del derecho laboral: cómo facilitar la contratación y promover la productividad sin erosionar los derechos fundamentales de quienes dependen de un empleo para sostener sus hogares. La respuesta legislativa deberá estar a la altura de ese dilema.