- El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó el procedimiento en la ex Penitenciaría de Santiago, en el marco del Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026. En la Región de Antofagasta fueron intervenidos 531 internos y se incautó incluso un dron al interior del Complejo Penitenciario.
Un amplio operativo nacional de registro y allanamiento encabezó Gendarmería de Chile en 40 unidades penales del país, en el marco del Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026, con el objetivo de reforzar el control penitenciario, prevenir hechos de violencia al interior de los recintos y desarticular estructuras internas asociadas a delitos y crimen organizado.
La intervención, ejecutada de manera simultánea por personal de Servicios Especializados de Gendarmería, abarcó una población penal de 6.046 internos y contó con una fuerza operativa de 1.917 funcionarios desplegados a lo largo del territorio nacional. Como resultado del procedimiento, se incautaron 551 armas blancas, 111 teléfonos celulares, 46 litros de licor artesanal y distintas sustancias ilícitas.
Uno de los puntos centrales del operativo se desarrolló en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, conocido como la ex Penitenciaría, donde el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau García Huidobro, junto al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, supervisaron en terreno el allanamiento que permitió intervenir a 363 internos.
Tras el procedimiento, el ministro Arrau destacó la importancia de respaldar el trabajo que realiza Gendarmería dentro de los recintos penitenciarios, especialmente en contextos de alta complejidad delictual. “Fue un allanamiento en ciertos módulos donde se incautaron celulares y elementos cortopunzantes. Es muy valioso no solo estar acompañando a Gendarmería, una institución que, muchas veces, no es tan reconocida, porque está donde nadie quiere llegar, en los recintos penitenciarios dando cara y haciendo frente a la delincuencia más peligrosa”, señaló la autoridad.
El secretario de Estado también vinculó este despliegue con el proceso de traspaso institucional de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de Seguridad Pública, una modificación que, según explicó, demandará un período de implementación de al menos un año. En ese sentido, afirmó que la nueva cartera busca conocer en terreno la labor penitenciaria, acompañar a sus funcionarios y fortalecer el sistema carcelario durante la actual administración.
“Gendarmería de Chile ha iniciado un proceso de traslado desde el Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de Seguridad, proceso que se demorará un año o más, en el cual estamos trabajando, y por eso, como Ministerio de Seguridad estamos recorriendo penales, acompañados de Gendarmería, junto a sus funcionarios que hacen esta difícil labor y, por tanto, tenemos que aprender, valorizar y sobre todo apoyar a esta institución y todo un desarrollo penitenciario que esperamos sacar adelante en este gobierno”, agregó Arrau.
Por su parte, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, valoró el despliegue realizado en la ex Penitenciaría, donde participaron equipos especializados, funcionarios del Departamento de Investigación Criminal y personal de la Escuela institucional. Según precisó, el procedimiento se concentró en dos galerías con una población penal de alta complejidad.
“Hoy estamos desplegados en la ex Penitenciaría, con un contingente importante de Servicios Especializados, del Departamento de Investigación Criminal y también de la Escuela institucional para realizar un registro y allanamiento en dos galerías, sobre un volumen importantísimo de población penal altamente avezada. Nosotros destacamos el valor del trabajo penitenciario, del sacrificio de nuestros funcionarios y también, el compromiso y apoyo del Ministerio de Seguridad Pública”, sostuvo Pérez.
Desde Gendarmería se indicó que estos operativos se ejecutan bajo estrictos protocolos de seguridad, orientados a prevenir episodios de violencia, retirar elementos prohibidos desde los módulos y mantener un control permanente sobre sectores donde se concentra población penal de mayor compromiso delictual.
En paralelo al allanamiento en Santiago Sur, el ministro Arrau visitó el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad, establecimiento que se convirtió en el primero del país donde la población penal de alto riesgo utiliza vestimenta fiscal. La medida también comenzó a implementarse en los centros penitenciarios de Antofagasta y Biobío.
La vestimenta fiscal incluye chaqueta o parka, polar, pantalón y polera, prendas diseñadas bajo criterios de seguridad, confort, abrigo y dignidad. Según la autoridad penitenciaria, su uso permite mejorar la identificación, clasificación y control de internos de alto compromiso delictual, especialmente en unidades con secciones de máxima y alta seguridad.
Tanto los allanamientos masivos y ordinarios como la implementación de vestimenta fiscal forman parte de una estrategia más amplia de vigilancia, monitoreo y control penitenciario, que incorpora tecnologías y medidas operativas destinadas a fortalecer la capacidad de reacción del sistema frente a eventuales contingencias.
En la Región de Antofagasta, el operativo consideró la intervención de una población penal de 531 internos en las unidades penales de Tocopilla, Calama, el Complejo Penitenciario de Antofagasta y el Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta. En estos recintos, Gendarmería incautó cargadores de celulares, dispositivos USB, elementos cortopunzantes, 331 envoltorios con sustancias prohibidas, seis teléfonos celulares, dos relojes inteligentes y un dron que fue encontrado al interior del Complejo Penitenciario de Antofagasta.
El despliegue regional se concretó con la participación de 145 funcionarios pertenecientes a distintas unidades penales, quienes contaron con el apoyo de grupos especializados de intervención, la Unidad de Servicios Especializados de Calama y Antofagasta, además del Equipo de Canes Adiestrados.
La intervención en Antofagasta vuelve a poner en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario en materia de control interno, especialmente frente al ingreso de tecnología, drogas y elementos prohibidos que pueden facilitar comunicaciones ilícitas, amenazas, extorsiones o hechos de violencia dentro de los recintos.
Con este despliegue, Gendarmería y el Ministerio de Seguridad Pública buscan instalar una señal de mayor control institucional al interior de las cárceles, en un escenario donde la violencia penitenciaria y la presencia de redes criminales se han transformado en una preocupación creciente para el Estado. El operativo nacional, además de retirar elementos prohibidos, apunta a reforzar la seguridad de los funcionarios, de la población penal y del sistema penitenciario en su conjunto.