- El ministro de Hacienda explicó que la reasignación de más de $3,4 billones desde la Corfo fue una medida fiscal responsable que permitió cumplir con las metas presupuestarias y evitar un incremento en la deuda pública.
En medio de la polémica por los millonarios traspasos de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al Tesoro Público durante 2023, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió la legalidad y conveniencia de la operación. En un extenso punto de prensa, el secretario de Estado justificó la medida como parte de una estrategia de administración eficiente de los recursos fiscales.
“Uno de los principios fundamentales de una buena gestión presupuestaria es administrar los recursos fiscales de manera unificada, independientemente de la estructura institucional del Estado”, sostuvo Marcel. En esa línea, explicó que la redistribución de los ingresos extraordinarios generados por el litio permitió compensar menores ingresos en otras áreas y evitar un incremento en la deuda pública.
El titular de Hacienda también destacó la decisión de la Contraloría General de la República, que inició una investigación especial sobre los pagos de Corfo. “Desde Hacienda enviamos todos los antecedentes para que la investigación se desarrolle correctamente”, aseguró, recalcando la transparencia del proceso.
El origen de los traspasos y el impacto en el presupuesto
Marcel detalló que, entre 2022 y 2023, el Estado recaudó 5,4 billones de pesos adicionales debido al alza en el precio del litio. Sin embargo, argumentó que otros ingresos fueron menores a lo presupuestado, por lo que se solicitó a Corfo reintegrar 3,4 billones de pesos al Tesoro Público, es decir, 2 billones menos de lo recaudado por el mineral.
“Los fondos satisfacieron la necesidad de financiamiento fiscal y permitieron cerrar el año con un cumplimiento del 100% del gasto presupuestado, pleno cumplimiento de la meta de balance estructural y de las previsiones de balance total del sector público“, precisó.
Según Marcel, el traspaso de excedentes de Corfo cumplió con todos los requerimientos institucionales, y su impacto no afectó el patrimonio de la entidad. “El patrimonio financiero de Corfo se ha multiplicado por diez veces durante la actual administración”, subrayó, desestimando cualquier afectación financiera a la corporación.
Críticas a la operación y cuestionamientos a Corfo
El tema ha generado controversia luego de que el medio The Clinic revelara que los traspasos de Corfo sumaron el 4,5% del presupuesto nacional en 2023. Según la investigación, la corporación habría sufrido una pérdida patrimonial para cumplir con el último de estos pagos, lo que llevó a su vicepresidente, José Miguel Benavente, a abstenerse de aprobar un traspaso de US$1.500 millones.
A pesar de estas revelaciones, desde Corfo descartaron pérdidas de capital y aseguraron que los recursos se reasignaron dentro de los márgenes permitidos por la ley. Sin embargo, la controversia persiste, ya que algunos analistas sostienen que la operación pone en evidencia el déficit fiscal del país, al requerirse recursos extraordinarios para cubrir obligaciones presupuestarias.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, también se refirió al tema, asegurando que los traspasos fueron utilizados para cubrir “las urgencias del país”, aunque sin especificar en detalle los rubros a los que fueron destinados.
Marcel descarta daño al patrimonio público
En su defensa de la operación, Marcel insistió en que el uso de los recursos fue una estrategia financiera beneficiosa para el Estado. “Estas operaciones fueron ampliamente convenientes para el sector público como un todo, porque permitieron evitar elevar el endeudamiento, evitar aumentar el pago de intereses y evitar un deterioro en el patrimonio fiscal”, argumentó.
Finalmente, recalcó que la medida no solo fue legal, sino que además permitió proteger las cuentas fiscales en un año complejo para la economía nacional. “Lejos de deteriorar el patrimonio público, esta fue una operación que permitió evitar una pérdida para el país”, concluyó.
Ahora, con la investigación de la Contraloría en marcha, se espera que se revisen los antecedentes y se determine si los traspasos cumplieron con los principios de responsabilidad fiscal que rigen la administración pública.