- Contraloría detecta que 70% de las municipalidades no respetaron la restricción vigente desde 2022.
Un informe reciente de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que un 70% de las municipalidades del país infringieron la normativa que prohíbe otorgar licencias de conducir a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. La revisión, que abarcó desde noviembre de 2022 hasta diciembre de 2024, detectó que más de 3.400 deudores lograron renovar u obtener su licencia, en un incumplimiento directo de la Ley N°21.389.
Antofagasta y otras comunas lideran las entregas irregulares
El análisis fue incluido en el cuarto Consolidado de Información Circularizada (CIC), donde la CGR identificó que seis municipalidades entregaron más de 100 licencias a deudores de pensión alimenticia. Entre ellas, Antofagasta aparece con la cifra más alta, con 172 licencias concedidas, seguida de La Granja (117), Lo Espejo (115), La Serena (114), Punta Arenas (112) y Arica (111).
Según el informe, estas licencias fueron entregadas a personas que en conjunto adeudan $17.473 millones en pensiones alimenticias, afectando a 4.706 niños y niñas en el país. El incumplimiento fue aún más grave en la Región Metropolitana, donde el 94% de los municipios no respetaron la norma.
Responsabilidad municipal y posibles sanciones
De acuerdo con la ley, es el funcionario municipal a cargo del trámite quien debe verificar si el solicitante figura en el Registro Nacional de Deudores antes de aprobar la licencia. En caso de infracción, la normativa establece multas que van desde un 10% hasta un 50% de la remuneración del funcionario responsable.
La CGR enfatizó que el incumplimiento sistemático de la ley representa una vulneración directa a los derechos de los niños y adolescentes que dependen de estos pagos, además de una falta de rigurosidad en los controles municipales.
Red de favores y conflictos de interés
Otro hallazgo del informe es la posible existencia de redes de favores dentro de los municipios. Se detectó que 65 funcionarios municipales renovaron u obtuvieron su licencia en la misma comuna donde trabajan, a pesar de estar inscritos en el Registro Nacional de Deudores. Además, 482 deudores de pensión alimenticia son familiares de empleados municipales en las comunas donde obtuvieron su licencia, lo que podría evidenciar un patrón de irregularidades internas.
Medidas y fiscalización futura
Ante la gravedad de los antecedentes, la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría anunció que está evaluando nuevas fiscalizaciones para confirmar las infracciones y tomar medidas correctivas.
El organismo de control advirtió que el bajo cumplimiento de la normativa pone en riesgo la credibilidad de los municipios y su capacidad de hacer cumplir las leyes, especialmente en materias sensibles como la protección de los derechos de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.