Polémica por nuevo cargo de Sacerdote condenado por abuso sexual

  • Uno de los denunciantes del caso Karadima y fundador de la Fundación Para la Confianza, José Andrés Murillo, catalogó este acto como “inaceptable”, argumentando que de esta forma solo se minimiza a las víctimas.

Una controversia de proporciones significativas ha surgido en torno al nuevo cargo que ha sido otorgado a Manuel Saúl Zamorano, sacerdote franciscano condenado en el año 2020 por abuso sexual en contra de un sacristán. El nombramiento de Zamorano como archivero provincial de la orden Franciscana, encargado de la historia documental de la congregación, ha desatado un debate público en el que se cuestiona la decisión y sus implicancias.

La noticia, divulgada por El Mostrador, ha generado un revuelo en la opinión pública debido al pasado de Zamorano. En 2020, fue condenado a dos años de presidio por abuso sexual, específicamente por realizar tocaciones de carácter sexual a la víctima, Franchesca Ainhoa Carrasco, una mujer transgénero que trabajaba como sacristán. La justicia acreditó que Zamorano se aprovechó de la “vulnerabilidad psíquica, social y económica” de la víctima.

El nuevo rol de Zamorano como archivero provincial de la orden Franciscana ha generado un contraste entre la responsabilidad que se le ha conferido y su historial condenatorio. El cargo implica la custodia y manejo de la historia documental de la congregación, lo que incluye aspectos pastorales, históricos y culturales de la Iglesia de Santiago. Esta designación ha resucitado el debate sobre la rehabilitación y reintegración de personas con antecedentes penales en roles institucionales, especialmente en una institución eclesiástica.

José Andrés Murillo, uno de los denunciantes en el caso Karadima y fundador de la Fundación Para la Confianza, ha condenado enérgicamente esta decisión, calificándola como “inaceptable”. Murillo argumenta que este tipo de nombramientos minimiza el impacto en las víctimas y no refleja un compromiso genuino con la justicia y la seguridad de los fieles.

La víctima, Franchesca Ainhoa Carrasco, quien en la actualidad tiene 27 años, ha reaccionado ante la noticia presentando una acción legal de indemnización de perjuicios de 200 millones de pesos en contra del Arzobispado de Santiago. La demanda busca reparar los daños y perjuicios causados por los hechos ocurridos y denunciados en 2020.

La controversia en torno al nombramiento de Manuel Saúl Zamorano y su nuevo rol como archivero provincial refleja las complejas dinámicas de reintegración y justicia en casos de abuso sexual en instituciones religiosas. La opinión pública y las organizaciones de apoyo a víctimas continúan observando de cerca esta situación, mientras se desata un diálogo sobre la responsabilidad y el compromiso de las instituciones eclesiásticas en casos de esta naturaleza.