- En un breve comunicado, el Presidente Gabriel Boric anunció ayer en la noche que le solicitó su renuncia a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD) y que, en calidad de subrogante, asumirá era cargo Carlos Araya Salazar, actual jefe de División de Política Habitacional del ministerio.
En relación con los recientes acontecimientos que han surgido en torno al convenio por $426 millones firmado entre el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (RD), y la Fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade (RD), pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), se dio a conocer a la opinión pública donde se informó sobre los avances y medidas tomadas en respuesta al escándalo.
Es importante destacar que, luego de una minuciosa investigación interna y de los hechos ocurridos, hemos tomado la decisión de dar a conocer la salida del cargo del funcionario público Sebastián Rojas, quien se desempeñaba en el Serviu de Antofagasta. Su salida se efectúa nueve días después de que se hiciera público el convenio mencionado. Señala el comunicado.
Cabe señalar que el día 2 de mayo pasado, los funcionarios del Serviu de Antofagasta alertaron sobre el convenio, es decir, un mes y medio antes de que estallara el escándalo. A pesar de la advertencia, los funcionarios lamentaron que no se hayan tomado las medidas adecuadas en ese momento para evitar el conflicto de intereses.
El Presidente Gabriel Boric ha enfatizado que no debe existir complacencia ni protección frente a este tipo de situaciones y ha dejado claro que su postura es de firmeza ante casos como este. Boric afirmó: “No puede caber ningún tipo de complacencia, ningún tipo de protección, sino que tenemos que ser muy claros en que este tipo de situaciones no las vamos a permitir”. Además, agregó: “Nadie puede poner al fuego las manos por todo el mundo. La diferencia está en cómo reaccionamos ante este tipo de casos, y nosotros vamos a reaccionar con mucha firmeza”.
Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y la ética en la función pública. Es fundamental que las instituciones y los funcionarios se rijan por los más altos estándares de integridad y que cualquier acto contrario a estos principios sea investigado y sancionado adecuadamente, agregó
Además, mencionó, “Estamos implementando medidas concretas para fortalecer los mecanismos de control y supervisión en nuestra organización. Además, trabajaremos en estrecha colaboración con las autoridades competentes para esclarecer plenamente este caso y tomar las acciones necesarias.
La ciudadanía merece una gestión pública transparente y honesta, y nos comprometemos a actuar en consonancia con estos principios. Continuaremos trabajando arduamente para restaurar la confianza de la comunidad y asegurar que hechos como este no se repitan en el futuro, aclaró.
Fuente: Ex – Ante.