Ciberseguridad en Chile: Desafíos críticos para este año 2025. Por Patricio Campos de Resility.io

En un mundo cada vez más digitalizado, la ciberseguridad ha dejado de ser una preocupación exclusiva de los especialistas técnicos. Hoy, es una prioridad nacional y un asunto de seguridad ciudadana. Chile no es ajeno a esta realidad: el país enfrenta amenazas cibernéticas crecientes que ponen en jaque sus infraestructuras críticas y la confianza de sus ciudadanos.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, los ciberataques se encuentran entre los principales riesgos globales, mientras que la OCDE ha subrayado la urgencia de reforzar la ciberseguridad en sectores clave como energía, salud y transporte. En Chile, episodios como el ataque al Ministerio de Justicia, que expuso datos sensibles del SENAME, y el reciente ransomware que afectó a la Fundación Arturo López Pérez en 2024, ilustran la fragilidad del ecosistema digital chileno.

En este escenario, las infraestructuras críticas son un blanco atractivo para actores malintencionados, incluyendo ransomware y ataques patrocinados por otros Estados. En otros países, incidentes como el hackeo al oleoducto Colonial Pipeline, en Estados Unidos, demuestran cómo un solo ataque puede generar caos económico y social. Chile, con su creciente dependencia de sistemas interconectados, no está exento de estos riesgos.

Las pymes: motor de empleo, pero vulnerables

Las pymes chilenas, que representan el 98,6% de las empresas y generan el 65,3% del empleo formal, suelen carecer de recursos para implementar medidas de seguridad informática robustas. Aunque iniciativas como las certificaciones en ciberseguridad impulsadas por el Ministerio de Economía son positivas, su alcance es limitado. Un ejemplo inspirador es el “Kit Digital” en España, que provee soluciones básicas de ciberseguridad a través de proveedores especializados.

También debemos considerar que el impacto económico de los ciberataques es significativo. Según estimaciones del Foro Económico Mundial, el costo global del cibercrimen podría alcanzar los 10,5 billones de dólares anuales para 2025. En nuestro país, un ataque exitoso contra infraestructuras críticas podría desencadenar pérdidas directas, dañar la reputación del país y desalentar inversiones extranjeras.