La denominada Educación Especial (niños con discapacidad intelectual, multidéficit, sordera y trastornos del lenguaje y la comunicación, entre otros) enfrenta graves dificultades dado que desde sus inicios hasta la actualidad ha sido considerada por las autoridades como una modalidad educativa y no como un nivel, como la enseñanza parvularia, básica, media y superior.
Siendo sólo una modalidad educativa, su actuar ha estado dirigido, normado y supervisado a través de actos administrativos (decretos, dictámenes, resoluciones, orientaciones y circulares) que emanan desde el Mineduc, que regulan desde la infraestructura hasta lo técnico pedagógico y administrativo organizacional.
Esto genera que cada cierto tiempo estas normas sean fácilmente derogadas, reemplazadas, modificadas y complementadas por otras cada vez que hay un cambio de autoridades. Es así como continuamente se modifican las estructuras de curso, cantidad de horas y profesionales que intervienen, planes y programas, personal Idóneo, horas de plan de estudio, etc.
Esta modalidad educativa en nuestro país sido tratada de distinta forma desde el nivel central, tal vez discriminada respecto a la educación regular. Las Escuelas Especiales están obligadas a cumplir la normativa técnico administrativa vigente a la par de los establecimientos regulares, por ejemplo, deben realizar un PME (Programa de Mejoramiento Educativo). Aunque nuestro sector agrupa a los alumnos más vulnerables y prioritarios del país, por normativa las escuelas especiales no pueden acceder a estos beneficios de la ley SEP.
En 2009 y a través del Decreto 170, el Mineduc regula el uso de subvenciones para niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en escuelas regulares, dando origen al Programa de Integración Escolar, permitiendo que aquellos estudiantes con NEE permanentes y transitorias pudieran ser atendidos por esas escuelas. En 2018 existían en el país 5.614 escuelas regulares con programas PIE que atendieron a 364.129 estudiantes.
Así, los establecimientos de educación especial y regulares con PIE se ven enfrentados a todo tipo de adversidades ocasionadas por estos cambios periódicos, dificultando o imposibilitando la generación o mantención de estos necesarios “ambientes emocionalmente seguros, AES” para sus estudiantes con NEE.
Hay avances como “La Ley del Autismo”, pero claramente es insuficiente. Por ello es imprescindible una Ley General de Educación Especial para resguardar el derecho de la educación y el bienestar de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos con NEE.
