- La Sección de Migraciones y Policía Internacional intensificó fiscalizaciones en Quillagua, caletas costeras y la ciudad de Tocopilla, detectando diversas infracciones a la Ley de Migración y notificando expulsiones administrativas.
La Sección de Migraciones y Policía Internacional de Tocopilla ha incrementado sus operativos en las áreas más remotas de la provincia, con el objetivo de controlar la situación migratoria de personas extranjeras y garantizar el cumplimiento de la Ley de Migración. Los procedimientos abarcaron zonas como el pueblo de Quillagua y las caletas del norte de la comuna, incluyendo Caleta Urco y Quebrada Honda, además de fiscalizaciones en la ciudad de Tocopilla.
Resultados en Quillagua
En Quillagua, una localidad ubicada en el extremo norte de la región, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) fiscalizaron dos locales de venta de alimentos y un hotel, donde verificaron la situación migratoria de 11 personas. Estas fueron denunciadas por infracciones como ingreso clandestino al país y ejercicio laboral bajo la condición de Permanencia Transitoria. Asimismo, tres empleadores fueron reportados por incumplimientos legales en la contratación de personal extranjero.
Operativos en caletas costeras
En las caletas situadas al norte de Tocopilla, incluyendo Quebrada Honda, se fiscalizó a nueve personas, quienes fueron denunciadas por residir de manera irregular y por no cumplir con obligaciones legales, como el abandono de firma para control de autoridad. En Quebrada Honda, se ejecutaron dos notificaciones de expulsión administrativa a un ciudadano colombiano y otro venezolano.
Fiscalización en Tocopilla
De manera complementaria, en la ciudad de Tocopilla se realizó un control migratorio focalizado, cuyo objetivo principal fue notificar expulsiones y verificar la situación migratoria de extranjeros residentes en la zona. Estas acciones buscan dar cumplimiento a las normativas vigentes y reforzar el control de flujo migratorio en la región.
Declaraciones y próximos pasos
Desde la PDI recalcaron que estas fiscalizaciones responden a una política de fortalecimiento del orden migratorio y al compromiso de proteger la seguridad en la provincia. “Estamos trabajando en terreno para asegurar el cumplimiento de la legislación y generar un mayor control en las zonas de difícil acceso”, señalaron voceros de la institución.
Las personas notificadas y denunciadas deberán someterse a los procesos administrativos correspondientes, mientras que la PDI continuará con operativos similares para garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria y resguardar la tranquilidad de las comunidades locales.
Estos esfuerzos refuerzan la presencia estatal en zonas alejadas, contribuyendo a un control más efectivo de los flujos migratorios y asegurando el respeto por las disposiciones legales del país.