- La iniciativa, que refuerza las facultades de la Subsecretaría del Interior para dictar expulsiones en casos de orden público y seguridad nacional, fue calificada por la parlamentaria como un paso clave para fortalecer la tranquilidad en los barrios y agilizar procesos burocráticos.
La Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de expulsiones administrativas, que busca optimizar la capacidad del Estado para gestionar situaciones relacionadas con el orden público y la seguridad nacional. La diputada Catalina Pérez destacó la relevancia de la iniciativa, subrayando que representa un avance significativo en la gestión migratoria y en la respuesta a problemáticas que afectan directamente a las comunidades.
“Este proyecto es un avance significativo en nuestra capacidad de gestionar de manera más eficaz la migración. Las modificaciones refuerzan las facultades de la Subsecretaría del Interior, permitiendo que se puedan dictar expulsiones con mayor rapidez en casos que afecten el orden público o la seguridad nacional”, señaló Pérez.
Tranquilidad para las comunidades y eficiencia administrativa
La diputada enfatizó que el proyecto no solo responde a la necesidad de garantizar la seguridad, sino que también asegura que las decisiones de expulsión se tomen bajo causales calificadas, otorgando mayor legitimidad a estas medidas. Asimismo, destacó que la propuesta corrige obstáculos burocráticos, permitiendo que los procesos de expulsión se realicen de manera más ágil y eficiente.
“Este paso no solo da tranquilidad a nuestras vecinas y vecinos, sino que también asegura que las medidas sean tomadas bajo causales debidamente calificadas. Al mismo tiempo, la iniciativa se encarga de corregir algunos obstáculos burocráticos al momento de expulsar. Con estas herramientas, el Estado fortalece su capacidad de responder a situaciones críticas y garantizar la tranquilidad en nuestros barrios”, agregó.
Impacto en la seguridad nacional y local
El proyecto de ley busca reforzar la capacidad del Estado para actuar en casos críticos relacionados con el orden público y la seguridad nacional. Esto incluye la posibilidad de expulsar administrativamente a personas cuya permanencia en el país represente un riesgo para la seguridad, agilizando los procedimientos y reduciendo barreras que hasta ahora complicaban la aplicación de estas medidas.
Con la aprobación en la Cámara, el proyecto pasa a ser discutido en el Senado, donde se espera avanzar en su implementación para responder a las demandas ciudadanas de mayor seguridad y control migratorio.
La diputada Catalina Pérez subrayó que este avance representa un compromiso del Estado por equilibrar la gestión migratoria con la tranquilidad y bienestar de los barrios, destacando la importancia de contar con herramientas legales y administrativas más robustas.