- En respuesta a esta medida, el diputado Castro ha argumentado que su cuestionamiento actual es irrisorio y ha sostenido que aquellos cuestionados y señalados en asuntos de gravedad son precisamente los compañeros de partido de la diputada Ñanco.
La destacada diputada Ericka Ñanco, representante del partido Revolución Democrática (RD), ha tomado una valiente iniciativa al presentar este lunes una moción de censura en el ámbito de la política chilena. Su objetivo es claro y contundente: solicitar la destitución de José Miguel Castro, diputado del partido Renovación Nacional (RN), de la presidencia de la comisión investigadora encargada de abordar el caso de los Convenios.
El fundamento de esta moción de censura radica en la revelación de contratos con transferencias de dinero realizadas por trato directo a cargo de la Seremi de Salud de Antofagasta, donde se destinaron 513 millones de pesos al Hotel Altos del Sol durante el año 2021, en plena pandemia, con la intención de convertirlo en una residencia sanitaria. Este establecimiento es administrado por el grupo empresarial Korlaet, que está vinculado a la familia de Vania Korlaet, esposa del diputado Castro.
En palabras de la diputada Ñanco: “Para que alguien presida esta Comisión, tiene que ser una persona que no haya estado involucrada en términos de casos de convenios anteriores, ya sea en este Gobierno o el anterior, entendiendo que es algo que también atenta contra la ética. Más allá de saber que eventualmente podría perder el punto, solicito su inhabilitación como presidente de esta comisión”.
En respuesta a esta medida, el diputado Castro ha argumentado que su cuestionamiento actual es irrisorio y ha sostenido que aquellos cuestionados y señalados en asuntos de gravedad son precisamente los compañeros de partido de la diputada Ñanco.
Sin embargo, en este momento se desconoce el resultado que esta iniciativa pueda tener, ya que la diputada Ñanco ha reconocido que no cuenta con los votos necesarios para asegurar la censura de José Miguel Castro de la presidencia de la comisión investigadora.
La comisión investigadora, por su parte, se ha dedicado a examinar el cambio de criterio en la administración actual, llevado a cabo a través del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno (Caigg), que dejó de exigir la reportabilidad de transferencias contables. Se ha indagado si esta decisión pudo haber propiciado un ambiente propenso a la corrupción en el caso de los Convenios.
En esta línea, la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, ha reconocido las deficiencias del organismo de control. Ha señalado que el Caigg opera mediante decreto y no por ley, y por tanto, no es un órgano de control propiamente dicho, sino que tiene un rol preventivo. Lobos ha enfatizado que los datos omitidos eran de carácter agregado, como la identificación de los beneficiarios de las transferencias y los montos involucrados, así como el estado de rendición de esos fondos.
Máximo Pavez, exsubsecretario de la cartera involucrada, ha expresado su desacuerdo con la postura del Ejecutivo. Ha argumentado que aunque la información estuviera agregada, ello no exime la responsabilidad de conocer si había rendiciones pendientes, y ha cuestionado la interpretación de los hechos sostenida por la subsecretaria.
Este episodio representa un punto de tensión en la política chilena y sus implicaciones éticas y de gobernanza están siendo minuciosamente evaluadas tanto por los actores políticos como por la ciudadanía en general.