- La Comisión Investigadora sobre asentamientos precarios del Minvu aprueba informe con acusaciones de corrupción en la transferencia de recursos a fundaciones, desatando fuertes críticas de diputados de Renovación Nacional.
- Mientras el presidente de la comisión, José Miguel Castro, destaca el trabajo con “sentido común”, Juan Carlos Beltrán expresa desilusión por la falta de unidad y cuestiona la transparencia del Presidente Boric.
En una sesión marcada por tensiones y descontento, la Comisión Investigadora sobre asentamientos precarios del Minvu aprobó su informe final con acusaciones de corrupción y mal uso de recursos en la transferencia a fundaciones. La votación, con ocho votos a favor (oposición) y cinco en contra (oficialismo), revela la división en la evaluación de las responsabilidades y acciones.
El presidente de la comisión, José Miguel Castro, destacó el trabajo del organismo con “sentido común”, señalando que el informe expone situaciones que hacen pensar en corrupción y mal manejo de fondos. Castro expresó su satisfacción por cumplir con el mandato de liderar la investigación y presentar un informe que será sometido a votación en la Sala de la Cámara de Diputados.
José Miguel Castro instó a los ciudadanos a leer el informe, disponible de forma libre, para comprender cómo se gestaron los mecanismos que llevaron a malas prácticas en diversas regiones del país. El diputado resaltó que el informe incluye nombres concretos, como el ministro Montes, la directora de presupuesto y Miguel Crispi, del Consejo de Auditoría, además de presentar propuestas para evitar situaciones similares en el futuro.
Sin embargo, el diputado Juan Carlos Beltrán expresó su molestia y “sabor amargo” por la falta de unidad en la comisión, especialmente en la negativa de algunos diputados oficialistas a investigar con mayor profundidad al Ministro de Vivienda Carlos Montes. Beltrán manifestó su desilusión ante la expectativa de votación transversal y unánime.
Beltrán cuestionó la falta de transparencia del Presidente Boric, quien no respondió al cuestionario enviado por la comisión. “La ciudadanía quiere transparencia, conocer la verdad y que se devuelvan los recursos”, declaró Beltrán, señalando la necesidad de asumir responsabilidades administrativas y penales.
Ante la posibilidad de una acusación constitucional, José Miguel Castro afirmó que los parlamentarios que han impulsado dicha medida deben analizar el informe en detalle, específicamente el artículo 41, para evaluar si existe compromiso en la delegación de firma por parte del Ministro Montes. Castro reconoció que hay una omisión constitutiva reprochable que podría derivar en una futura acusación constitucional.
El informe será sometido a votación próximamente en la Sala de la Cámara de Diputados, generando expectativas sobre la respuesta de los legisladores y la posible continuidad de acciones legales.