- Con multas y penas de cárcel, el proyecto liderado por la diputada Ximena Ossandón pretende proteger a migrantes de abusos y desalentar la entrada irregular al país.
En un audaz movimiento legislativo, la bancada de diputados de Renovación Nacional, presidida por la diputada Ximena Ossandón, ha presentado un proyecto de ley que busca cambiar radicalmente el enfoque del Estado chileno frente al fenómeno migratorio irregular. La propuesta legislativa, que tipifica como delito la contratación de migrantes en situación irregular, no solo establece multas sino también penas de prisión para quienes infrinjan esta norma, marcando un giro hacia una respuesta de carácter penal frente a una problemática que hasta ahora ha sido abordada mayormente desde una perspectiva administrativa.
El objetivo principal del proyecto es proteger a los migrantes de posibles situaciones de explotación laboral, tráfico de personas o de trata, situaciones a las cuales pueden verse expuestos por aceptar condiciones de trabajo abusivas debido a la necesidad. Además, la iniciativa legislativa apunta a desincentivar el ingreso irregular al país, estableciendo sanciones penales que buscan frenar la llegada de miles de extranjeros que terminan siendo víctimas de abuso por la falta de una adecuada fiscalización y sanciones.
Entre las sanciones contempladas en el proyecto de ley se incluyen penas de presidio menor en su grado mínimo a máximo, y multas que oscilan entre las 21 a 50 unidades tributarias mensuales, equivalentes a $1.368.822 y $3.259.100 al valor de abril de 2024. Además, el proyecto permite la clausura definitiva de los establecimientos o locales que incurran en la contratación de migrantes en situación irregular, medida que se suma a la posibilidad de clausura temporal durante el proceso judicial.
Esta propuesta legislativa ha generado un amplio debate en el espectro político y en la sociedad civil, considerando las complejas dimensiones humanas, económicas y sociales que implica el fenómeno migratorio. Mientras algunos sectores aplauden la iniciativa como un paso necesario para ordenar el flujo migratorio y proteger los derechos de los trabajadores, otros expresan preocupación por las posibles implicancias humanitarias y los efectos que medidas punitivas pueden tener en las comunidades migrantes más vulnerables.
La diputada Ossandón y sus colegas de Renovación Nacional han defendido el proyecto como un equilibrio necesario entre la seguridad nacional y la protección de los derechos humanos de los migrantes, argumentando que una política migratoria responsable debe incluir mecanismos para desalentar la irregularidad, sin dejar de lado el compromiso con la dignidad y el bienestar de todas las personas, independientemente de su origen o estatus migratorio.
El debate sobre este proyecto de ley promete ser intenso y revelador de las distintas visiones que coexisten en Chile respecto a la gestión de la migración y la integración de los migrantes en la sociedad. A medida que la discusión avance en el Congreso, será crucial encontrar un balance entre seguridad, legalidad y derechos humanos, en el contexto de un fenómeno global que desafía a las sociedades a repensar sus políticas y su humanidad.