- Tras un exhaustivo diagnóstico técnico, las autoridades acordaron concentrar recursos en el combate al narcotráfico, los homicidios y el robo con violencia, además de abordar problemáticas emergentes como la violencia escolar y el robo de cables en comunas fronterizas.
En un esfuerzo coordinado por articular la respuesta del Estado ante el fenómeno de la delincuencia, el Consejo Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito de Antofagasta definió formalmente las prioridades institucionales que guiarán la estrategia de seguridad en la zona. Mediante un análisis técnico detallado, que tomó como base el Diagnóstico Regional de Seguridad Pública, los miembros del consejo votaron y consensuaron los ejes de acción para focalizar las herramientas públicas en aquellos ilícitos que generan mayor impacto social y territorial.
En el ámbito de la persecución penal, las instituciones acordaron concentrar de manera prioritaria sus capacidades y recursos en el combate al tráfico de drogas, el robo con violencia o intimidación, los homicidios y los femicidios. La determinación de estos focos delictuales responde directamente a su alta incidencia en la percepción de inseguridad de la ciudadanía y a la necesidad urgente de hacer más eficiente la persecución penal en la zona.
Asimismo, la mesa de trabajo identificó diversas incivilidades y problemáticas emergentes que deterioran la convivencia comunitaria. Entre ellas, se priorizó el consumo de alcohol y drogas en la vía pública por su efecto negativo en los barrios y la recuperación de espacios comunes. Adicionalmente, el consejo incorporó de manera unánime la violencia escolar como un fenómeno de alcance regional, junto al robo de cables eléctricos, de telecomunicaciones y de paneles fotovoltaicos, catalogando este último como una prioridad crítica para las comunas rurales debido a las complejas condiciones geográficas y fronterizas de la Región de Antofagasta.
Estas directrices institucionales constituirán la base estructurante para la confección del Plan Regional de Seguridad Pública, el Plan Regional de Prevención del Delito y el Plan de Acción Rural, instrumentos que comenzarán a diseñarse de forma inmediata a través de mesas técnicas específicas.
Al respecto, la Delegada Presidencial de Antofagasta y Presidenta del Consejo, Katherine López Rivera, destacó la relevancia de este hito señalando que la culminación de esta instancia es sumamente importante para ir en apoyo directo a la seguridad de la población. La autoridad regional explicó que se han definido tres grandes ejes de trabajo que requerirán el despliegue de distintas mesas técnicas, al tiempo que agradeció la disposición de todos los integrantes para edificar la ruta de un plan de seguridad destinado a llegar de manera efectiva a cada una de las familias de la región.
Por su parte, el Seremi de Seguridad, Juan Fernández Valenzuela, detalló las etapas operativas que darán continuidad a la estrategia regional. El secretario ministerial precisó que la selección abarcó los delitos de tráfico de drogas, homicidios y femicidios, para luego dar paso a las incivilidades como el consumo de sustancias en la vía pública y la violencia escolar. Fernández puntualizó que el siguiente paso será plasmar estos acuerdos en los planes regionales vigentes, convocando próximamente al comité técnico para ejecutar las acciones y contar, antes de fin de año, con una evaluación precisa de los avances logrados.
Finalmente, el Fiscal Regional (S) de Antofagasta, Eduardo Peña Martínez, reafirmó el compromiso del órgano persecutor con el resguardo de la comunidad. El persecutor sostuvo que el Ministerio Público asiste al llamado de la ley para participar en este consejo desde una perspectiva técnica, objetiva y legal, con el propósito firme de ejercer la acción penal pública y garantizar la protección de víctimas y testigos frente a los delitos que generan mayor conmoción e interés en la comunidad local.