- El exministro de Hacienda aseguró que enfrentará la revisión del Senado con “tranquilidad y humildad”, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara el avance del libelo en su contra. La exautoridad afirmó que la acusación “no tiene mérito” y sostuvo que expondrá sus argumentos ante la Cámara Alta con plena confianza en las instituciones democráticas.
El exministro de Hacienda Nicolás Grau reaccionó a la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados de la acusación constitucional presentada en su contra, asegurando que no ha cometido ilícito alguno y que el libelo carece de mérito para prosperar en su siguiente etapa legislativa. La declaración se produjo luego de que la Sala respaldara el avance de la acción fiscalizadora, que ahora deberá ser revisada por el Senado.
Tras el punto de prensa, Grau adoptó un tono institucional y afirmó que concurrirá a la Cámara Alta con la misma actitud que ha mantenido durante la tramitación de la acusación en la Cámara Baja. En su intervención, remarcó que respeta el rol de los parlamentarios y el funcionamiento de las instituciones democráticas, pese a discrepar de los fundamentos del libelo.
“Termino señalando que iremos con la misma tranquilidad y humildad que hemos tenido acá al Senado. Yo me tomo esto con la máxima seriedad”, sostuvo el exsecretario de Estado, al referirse al nuevo escenario que se abre tras la votación de los diputados.
La acusación constitucional contra Grau se instaló como uno de los principales focos de tensión política entre oficialismo y oposición, en medio de cuestionamientos vinculados a la gestión fiscal, las proyecciones de deuda pública y el manejo de información económica durante su administración. Desde la vereda acusadora se ha planteado que existen antecedentes suficientes para perseguir su responsabilidad política, mientras que la defensa del exministro ha insistido en que no hay infracción constitucional que justifique la sanción solicitada.
Grau, sin embargo, evitó confrontar directamente a quienes respaldaron la acusación y enfatizó que quienes votaron a favor y en contra del avance del libelo son representantes legítimos de la ciudadanía. En esa línea, buscó reforzar una imagen de respeto institucional frente a un procedimiento que ahora pasará a manos del Senado, instancia que actuará como jurado.
“Quienes votaron hoy día a favor de este paso, tanto quienes votaron a favor como quienes votaron en contra, son los representantes de la ciudadanía. Yo respeto mucho esas instituciones democráticas”, afirmó.
El exministro señaló que durante la próxima semana acudirá junto a su equipo al Senado para exponer sus argumentos y defender su actuación al mando de Hacienda. Según planteó, su estrategia estará centrada en explicar con convicción que no incurrió en ilícitos ni en conductas que ameriten una sanción constitucional.
“Lo que voy a hacer ahora junto con mi equipo la próxima semana es ir al Senado, otra institución muy relevante de nuestra República, a exponer humildemente, pero con mucha convicción, el convencimiento de que en esto tenemos la razón”, manifestó.
El punto central de su defensa, según recalcó, será demostrar que la acusación no cumple con los requisitos de fondo para prosperar. En ese sentido, Grau fue categórico al sostener que las imputaciones en su contra no se traducen en un ilícito ni en una vulneración que permita configurar responsabilidad constitucional.
“Yo no he cometido ningún ilícito y, por tanto, la acusación no tiene mérito”, afirmó el exministro.
La aprobación de la acusación en la Cámara no implica una condena política definitiva, sino que habilita su revisión por parte del Senado. Allí, los senadores deberán escuchar a las partes, revisar los antecedentes y resolver si acogen o rechazan el libelo. En caso de aprobarse, la exautoridad podría enfrentar las sanciones contempladas para este tipo de procedimientos, incluida la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el periodo que establece la normativa.
El caso también reabre el debate sobre los límites de la responsabilidad política de las autoridades económicas y el estándar de información que debe regir la relación entre el Ministerio de Hacienda, el Congreso y la ciudadanía. Para la oposición, el avance del libelo representa una señal de fiscalización frente al manejo de las cuentas públicas. Para Grau y sus respaldos, en cambio, la acusación responde a una controversia política que no alcanza el umbral constitucional exigido.
En su intervención, el exministro intentó instalar precisamente esa distinción, separando el legítimo rol fiscalizador del Congreso de la existencia de una falta o ilícito que justifique una sanción mayor. Su mensaje apuntó a transmitir serenidad, respeto por el proceso y confianza en que el Senado revisará los antecedentes con rigurosidad.
Con el paso de la acusación a la Cámara Alta, el escenario político entra en una nueva fase. La defensa de Grau buscará desmontar los fundamentos del libelo, mientras que los parlamentarios acusadores intentarán convencer al Senado de que existen responsabilidades políticas que deben ser sancionadas. La definición final marcará no solo el futuro institucional del exministro, sino también el tono del debate fiscal y de la relación entre el Ejecutivo anterior, el Congreso y las fuerzas políticas que hoy impulsan su responsabilidad constitucional.