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• La autoridad sanitaria ofició al alcalde Sacha Razmilic exigiendo un plan de barrido y lavado riguroso de pisos en el casco central, ante el evidente deterioro de la limpieza, el aumento de las temperaturas y la presencia de focos de riesgo para la salud de la población.

Un plazo perentorio de 48 horas otorgó la Seremi de Salud al municipio de Antofagasta para ejecutar un plan de barrido y lavado profundo de los pisos en las principales calles del centro de la ciudad, luego de constatar un deterioro significativo en las condiciones de aseo del casco histórico y comercial de la capital regional.

De acuerdo con lo explicado por el seremi de Salud, Alberto Godoy, la situación actual del centro no solo implica un problema de imagen urbana, sino que constituye un riesgo directo para la salud de las personas que transitan diariamente por el sector. “Es evidente el deterioro en las condiciones de aseo que presenta el centro de la capital regional. Esa condición actual representa un riesgo para la salud de las personas que transitan por el lugar, por lo tanto es prioritario darle una solución rápida al problema”, señaló la autoridad.

Godoy reconoció que el plan de contingencia presentado previamente por el municipio para el barrido de calles, “aunque con algunas observaciones”, había permitido mantener un cierto estándar de limpieza en el sector. Sin embargo, explicó que la acumulación de suciedad y residuos en los pisos hace necesario avanzar ahora hacia una etapa de lavado riguroso, que incluya agua a presión y productos adecuados para la sanitización de las superficies.

En el oficio enviado al alcalde Sacha Razmilic durante la tarde del jueves, la Seremi de Salud detalla que las altas temperaturas registradas en los últimos días han agravado el problema. La combinación de calor, residuos orgánicos y alta circulación de personas genera condiciones propicias para la proliferación de malos olores, microorganismos y vectores que pueden transmitir enfermedades.

El documento también advierte sobre el impacto que tiene en el aseo del sector la presencia de personas en situación de calle que pernoctan en el perímetro central, lo que incrementa la generación de focos de suciedad y desechos. En este contexto, la autoridad sanitaria insistió en que el municipio debe reforzar las labores de limpieza y coordinar, cuando corresponda, acciones complementarias con otros servicios públicos para abordar integralmente la situación.

Como parte de las exigencias, la Seremi de Salud solicitó al municipio respaldar el cumplimiento de las labores encomendadas. Para ello, el oficio requiere que se remita un registro fotográfico que dé cuenta del barrido y lavado efectivo de los pisos en las principales arterias del centro, así como un programa de limpieza periódico que mantenga estos estándares mientras dure la contingencia y hasta que se normalice el servicio de aseo urbano.

La autoridad sanitaria subrayó que el objetivo del requerimiento no es solo corregir una situación puntual, sino instalar una rutina de limpieza más estricta en uno de los sectores con mayor flujo peatonal de Antofagasta, con el fin de proteger la salud de la población y evitar la instalación de focos de riesgo sanitario en pleno corazón de la ciudad. Se espera que, una vez cumplido el plazo de 48 horas, equipos fiscalizadores verifiquen en terreno el cumplimiento de las medidas ordenadas.

• Ministerio de Seguridad Pública lideró fiscalización intersectorial en punto estratégico de la región, con controles vehiculares, migratorios, tributarios y sanitarios para prevenir delitos y resguardar la seguridad en la ruta.

El Ministerio de Seguridad Pública de Antofagasta encabezó un nuevo operativo de control carretero integrado en el sector de La Negra, instancia inserta dentro del trabajo del Consejo Regional Contra el Crimen Organizado y que tuvo por objetivo fortalecer la seguridad en una de las rutas más estratégicas de la región, mediante controles vehiculares, migratorios, tributarios y sanitarios coordinados con diversos servicios públicos.

Durante la jornada, equipos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Seremi de Agricultura, Seremi de Salud, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Carabineros, Policía de Investigaciones, Aduanas, Servicio de Impuestos Internos (SII) y otros organismos con facultades fiscalizadoras se desplegaron en el punto de control, realizando inspecciones a vehículos de carga, buses interurbanos y documentación tributaria, con foco en la detección de ilícitos y el resguardo de la seguridad pública.

El seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy De La Fuente, destacó que este tipo de operativos son una herramienta clave dentro de la estrategia regional contra el crimen organizado.
“En el marco de las medidas adoptadas por el Consejo Regional contra el Crimen Organizado, se ha implementado una serie de fiscalizaciones en conjunto con distintos servicios públicos. Entre ellos se encuentran el Servicio Agrícola y Ganadero, la Seremi de Agricultura, Seremi de Salud, Transportes, Carabineros, Policía de Investigaciones, Aduanas, Servicio de Impuestos Internos y otros organismos con facultades fiscalizadoras, cuyo objetivo es controlar que el tránsito público en la región se ajuste a las exigencias y normas legales correspondientes, evitando el transporte de sustancias prohibidas, ilícitas u otros elementos que circulen sin cumplir con la normativa vigente”, explicó.

Controles a vehículos de carga y buses interurbanos

Una de las principales líneas de acción del operativo apuntó al transporte de carga y pasajeros que cruza diariamente el sector de La Negra. La seremi de Agricultura, Karina Araya López, enfatizó el rol de su cartera en la protección de la trazabilidad e inocuidad de los alimentos que se comercializan en la región.

“Como ministerio estamos presentes en un punto de control junto al Servicio Agrícola y Ganadero, fiscalizando alimentos, verificando su origen, el transporte adecuado y principalmente promoviendo la inocuidad alimentaria en beneficio de todos los ciudadanos de la región”, señaló.

En este contexto, el SAG, en coordinación con el SII y Aduanas, realizó más de 60 revisiones a vehículos de carga y buses interurbanos. Durante estos controles se solicitó documentación tributaria, facturas, guías de despacho y se verificó el posible traslado de alimentos prohibidos o mercancías de contrabando, así como inconsistencias en el respaldo de la carga transportada.

Las autoridades destacaron que estos procedimientos permiten no solo detectar ilegalidades, sino también desincentivar el uso de las rutas de la región para actividades vinculadas al comercio ilícito, contrabando y otras manifestaciones del crimen organizado.

Extranjeros denunciados por ingreso clandestino

Otro eje central del operativo tuvo relación con el control migratorio. Funcionarios de la PDI Antofagasta realizaron fiscalizaciones a dos buses interurbanos provenientes de Iquique que trasladaban a una gran cantidad de ciudadanos extranjeros.

En el marco de estos controles de identidad, se detectó a tres personas —dos de nacionalidad boliviana y una venezolana— que habrían ingresado clandestinamente al país. Los tres extranjeros fueron denunciados y trasladados hasta una unidad policial para la correspondiente constatación de antecedentes y la tramitación de las diligencias de rigor.

La situación ya fue informada al Servicio Nacional de Migraciones, organismo que deberá adoptar las medidas administrativas pertinentes, las que pueden ir desde la aplicación de sanciones hasta la expulsión del territorio nacional, de acuerdo con la normativa migratoria vigente.

Desde el Ministerio de Seguridad Pública recalcaron que estos controles permiten identificar y abordar con mayor precisión eventuales redes dedicadas al tráfico de migrantes o a la facilitación de ingresos irregulares, fenómenos que muchas veces se vinculan con estructuras de crimen organizado transnacional.

Sumario sanitario por alimentos sin cadena de frío

En paralelo, funcionarios de la Seremi de Salud fiscalizaron las condiciones de traslado, temperatura y cumplimiento de la resolución sanitaria en camiones y furgones de carga. La revisión incluyó la inspección de equipos de refrigeración, separación de alimentos y condiciones higiénicas de los compartimentos.

Durante la inspección a un vehículo que transportaba lácteos, verduras, masas y alimentos congelados, se constató que los productos no se mantenían refrigerados, se encontraban a una temperatura inadecuada y no existía separación entre los distintos tipos de alimentos, todo ello en plena ruta del desierto, donde las temperaturas son particularmente elevadas en periodo estival.

Frente a estas irregularidades, la autoridad sanitaria inició un sumario, cuya investigación determinará las sanciones que se aplicarán al representante legal de la empresa a cargo del traslado de la carga.

El seremi de Salud, Alberto Godoy Tordoya, advirtió sobre los riesgos asociados a la ruptura de la cadena de frío.
“Durante el periodo estival las condiciones de temperatura aumentan y con éstas los riesgos de que los productos alimenticios se descompongan con mayor rapidez si no son sometidos a una buena cadena de frío”, precisó.

“No sacamos nada con cumplir estrictamente con la normativa sanitaria y las buenas prácticas al momento de elaborar un producto alimenticio, si luego no hay un control y respeto a las condiciones de frío necesarias para su traslado, y esto aplica tanto para las empresas como para la población en general”, agregó Godoy, llamando a extremar las medidas de cuidado en toda la cadena de producción y distribución.

Multas y citaciones por infracciones a la ley de tránsito

El componente de seguridad vial también estuvo presente en el operativo. Inspectores fiscales del Ministerio de Transportes y funcionarios de Carabineros efectuaron más de 100 controles vehiculares, revisando documentación, condiciones técnicas y normas de seguridad asociadas al transporte de carga y pasajeros.

Como resultado de estas fiscalizaciones se cursaron 13 citaciones al Segundo Juzgado de Policía Local, por infracciones a la Ley del Tránsito, entre ellas deficiencias técnicas, incumplimientos en elementos de seguridad y documentación vencida o incompleta.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Antofagasta, Enrique Viveros Jara, destacó la relevancia de mantener este tipo de despliegues coordinados en puntos estratégicos de la red vial regional.
“Dentro de las acciones del Consejo Regional Contra el Crimen Organizado, Transportes participó mediante la revisión de las condiciones técnicas y de seguridad del transporte de carga. Este tipo de operativos en conjunto con otros servicios es fundamental para incrementar el control y brindar seguridad en nuestras rutas”, concluyó.

Desde el Ministerio de Seguridad Pública adelantaron que estos controles integrados en La Negra y otros puntos de la región continuarán realizándose de manera periódica, reforzando la presencia del Estado en las rutas estratégicas, previniendo delitos y resguardando tanto la seguridad como la salud de la población.

• Gremios advierten que definición de 99 “Sitios Prioritarios” se hizo sin criterios transparentes ni participación efectiva y podría afectar empleo y proyectos en curso.

La red de gremios regionales de SOFOFA encendió las alertas frente al proceso de implementación del Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), advirtiendo que, si no se ejecuta de manera responsable, equilibrada y con reglas claras, podría transformarse en un nuevo factor de incertidumbre para la inversión, el empleo y la actividad productiva en las distintas regiones del país.

El pronunciamiento se enmarca en la consulta pública que impulsa el Ministerio del Medio Ambiente para definir un listado preliminar de 99 Sitios Prioritarios para la Conservación, que abarcan cerca de 4 millones de hectáreas, equivalentes a alrededor del 5% del territorio nacional.

Desde SOFOFA recalcan que dicho prelistado fue elaborado sin que se conozcan los criterios técnicos utilizados, las validaciones científicas que lo respaldan ni el reglamento que –según la propia Ley 21.600– debe normar el procedimiento de identificación y definición de estos espacios.

Uno de los puntos que más preocupa a los gremios es el impacto acumulado de esta medida en regiones donde ya existen otras restricciones ambientales, instrumentos de ordenamiento territorial y figuras de protección superpuestas. En el caso de Atacama, advierten que la aplicación simultánea del SBAP junto a otras cargas regulatorias podría llegar a tensionar alrededor del 50% del territorio regional, incrementando la incertidumbre jurídica y económica para proyectos mineros, energéticos, de infraestructura y actividades asociadas a cadenas de valor locales.

“Nos preocupa la falta de participación efectiva de los distintos actores: vecinos, propietarios, municipalidades, gremios y proyectos productivos. Si bien existe una instancia de consulta pública, esta no incluyó la etapa de selección de los 99 sitios prioritarios. Hoy se nos dice que podrían reducirse con las observaciones, pero el proceso sigue siendo poco participativo y con espacios limitados de corrección”, señala la red de gremios regionales, apuntando a la necesidad de fortalecer los mecanismos de diálogo territorial.

Desde el mundo empresarial subrayan que el problema no se resuelve simplemente ampliando los plazos de la consulta. A su juicio, la determinación de los Sitios Prioritarios debe construirse “sobre una base científica sólida, con criterios transparentes y validados”, que integren no solo variables ecológicas, sino también información sobre realidades sociales, productivas y de uso del suelo en cada región. “Solo así se podrán tomar decisiones fundamentadas y sostenibles en el tiempo”, enfatizan.

En su declaración, la red de gremios regionales de SOFOFA llama a que el proceso se conduzca con reglas claras y participación regional efectiva, considerando expresamente los impactos sobre la propiedad privada, los proyectos de inversión en curso y la actividad económica local. Señalan que en muchas comunas los proyectos sometidos a evaluación ambiental ya incorporan exigencias de conservación, planes de manejo y medidas de compensación, por lo que cualquier nueva figura de protección debe articularse de manera coherente con dichos instrumentos, evitando duplicidades, vacíos normativos y conflictos de interpretación.

“Existe consenso en que la permisología es uno de los principales nudos que frenan la inversión. La Ley SBAP no debe convertirse en una nueva traba al crecimiento, sino en una política que promueva un desarrollo equilibrado, donde la protección ambiental y el progreso económico se fortalezcan mutuamente”, plantean desde la organización, recordando que el país enfrenta una agenda de reactivación económica en la que la certeza jurídica es clave para destrabar proyectos.

En esa línea, el gremio ha presentado observaciones formales en las tres consultas públicas correspondientes a las macrozonas Norte, Centro y Sur, con el objetivo de contribuir a un proceso “más claro, ordenado y equilibrado” en la implementación de la Ley 21.600. Además, la red de gremios regionales puso a disposición la colaboración de sus asociaciones adheridas, desde Arica a Magallanes, para participar en mesas de trabajo regionales o macrozonales que permitan revisar en detalle las implicancias de la medida y apoyar la construcción de una propuesta que concilie protección ambiental con desarrollo regional.

Los gremios sostienen que Chile necesita una normativa ambiental moderna, seria y equilibrada, capaz de resguardar ecosistemas únicos y cumplir los compromisos internacionales de conservación, pero sin paralizar las actividades que generan empleo y bienestar en los territorios. A su juicio, el verdadero desafío “no es elegir entre desarrollo o conservación, sino hacer bien las cosas: diseñar reglas que permitan compatibilizar ambos objetivos, con procedimientos claros, plazos razonables y participación temprana de quienes viven y producen en las regiones”.

Finalmente, reiteran que la red de gremios regionales de SOFOFA seguirá participando activamente en todas las instancias de diálogo relacionadas con la implementación del SBAP, insistiendo en que cualquier política de conservación que modifique el uso del territorio debe construirse “de cara a las regiones, con evidencia robusta, criterios transparentes y un equilibrio real entre la protección de la naturaleza y el desarrollo productivo que sostiene la calidad de vida de las personas”.

• Diputado Jaime Araya exige despliegue inmediato de autoridades y monitoreo ambiental por contingencia en planta MOLYB.

El diputado por Antofagasta, Jaime Araya, encendió las alarmas en la región tras recibir denuncias desde el sector industrial de Mejillones sobre una eventual fuga de gases tóxicos que podría estar afectando tanto a trabajadores como a habitantes de la comuna. La situación se vincula a una “contingencia operacional” reconocida durante esta mañana por la empresa MOLYB, ubicada en la Pampa Mejillones, lo que llevó al parlamentario a exigir una reacción rápida y coordinada de la institucionalidad.

Según explicó Araya, las primeras alertas llegaron a través de registros audiovisuales provenientes del sector industrial, donde se observa una densa emisión desde instalaciones de la zona. “Recibí una denuncia muy grave desde Mejillones. En el área industrial se reporta una posible fuga de gases tóxicos y las imágenes que nos han hecho llegar son impactantes”, advirtió el legislador, subrayando que frente a este tipo de episodios “la institucionalidad tiene que operar con máxima rapidez y transparencia”.

El parlamentario hizo un llamado directo a la delegada presidencial regional para que encabece de inmediato la coordinación de todos los organismos competentes. En particular, solicitó la intervención de SENAPRED, la Seremi de Medio Ambiente, la Seremi de Salud y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), con el objetivo de verificar en terreno el origen y alcance de la contingencia, y evaluar eventuales riesgos para la población y las y los trabajadores del área industrial.

“Es urgente que los equipos se constituyan en el lugar a la brevedad, realicen mediciones y entreguen información clara a la comunidad. No se trata solo de un problema entre una empresa y la autoridad: hablamos de la salud de los vecinos y vecinas de Mejillones y de quienes cumplen sus labores en el cordón industrial”, recalcó Araya, insistiendo en que cualquier demora en la respuesta “puede generar incertidumbre y desconfianza en una comuna que convive hace décadas con cargas ambientales significativas”.

Durante la mañana de este martes 25, la empresa MOLYB confirmó que enfrenta una “contingencia operacional” en sus instalaciones, señalando que activó sus protocolos internos de emergencia y comunicó la situación a la autoridad ambiental, de acuerdo con lo establecido en sus procedimientos. Sin embargo, desde el ámbito político y social se ha planteado la necesidad de que dicha información sea ampliada y detallada, especificando el tipo de sustancias involucradas, la duración del evento y las medidas adoptadas para contenerlo.

En esa línea, Araya puso el acento en el derecho de la comunidad a contar con información oportuna y comprensible. “La gente tiene derecho a saber qué está ocurriendo, qué tipo de gases podrían haberse emitido, si existe riesgo para su salud y qué medidas preventivas deben adoptar. No basta con una notificación administrativa: se requieren vocerías técnicas claras y una comunicación de riesgo responsable y constante”, apuntó.

El diputado recordó que Mejillones es una comuna históricamente expuesta a la presencia de complejos industriales, termoeléctricas y plantas químicas, lo que ha originado múltiples debates sobre zonas de sacrificio, monitoreo de la calidad del aire y resguardos para la salud de la población. En este contexto, expresó que episodios como el denunciado refuerzan la necesidad de fortalecer los sistemas de vigilancia ambiental y sanitaria, con estaciones de medición robustas, fiscalizaciones frecuentes y planes de emergencia actualizados.

Asimismo, el parlamentario advirtió que, de confirmarse la fuga de gases tóxicos, deben evaluarse eventuales responsabilidades administrativas y sanciones por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, así como la activación de protocolos intersectoriales en materia de salud y protección civil. “Si aquí hubo un incumplimiento de la normativa o una falla en los sistemas de seguridad, eso debe investigarse a fondo. Pero lo primero es proteger a las personas y garantizar que la situación sea completamente controlada”, sostuvo.

Araya también llamó a los sindicatos y comités paritarios del sector industrial a reportar cualquier síntoma o situación anómala entre los trabajadores, como irritación ocular, dificultades respiratorias, náuseas u otros malestares, para que puedan ser evaluados en los centros de salud y notificados a la autoridad. “Los trabajadores suelen ser los primeros en advertir cuando algo no está funcionando bien. Su voz es clave para dimensionar el problema y orientar las medidas de protección necesarias”, señaló.

De igual modo, el diputado instó a los organismos técnicos a levantar un informe público que incluya mediciones en el entorno urbano de Mejillones, especialmente en sectores residenciales y establecimientos educacionales, a fin de descartar o corroborar una eventual afectación. “No se puede limitar el análisis a lo que ocurre al interior de la planta. Lo que la comunidad necesita es certeza: saber si el aire que están respirando es seguro”, enfatizó.

Finalmente, Araya insistió en que lo sucedido debe ser una alerta para revisar los planes de contingencia y las exigencias en materia de gestión de riesgos en el cordón industrial de Mejillones. “Cada nuevo episodio genera un daño en la confianza de la ciudadanía. Es momento de pasar de los discursos a una fiscalización efectiva, con consecuencias claras cuando los protocolos no se cumplen o resultan insuficientes. La salud de la gente y el futuro de la comuna no pueden quedar supeditados a la buena voluntad de las empresas”, concluyó.

• Región registra una de las tasas de desocupación más bajas del país, aumenta la participación laboral y alcanza el menor nivel de informalidad a nivel nacional, impulsada por la minería, la enseñanza y el empleo profesional calificado.

El mercado laboral de la región de Antofagasta sigue marcando la pauta a nivel nacional. Según el más reciente Termómetro Laboral Regional, correspondiente al trimestre julio–septiembre de 2025, la zona se mantiene entre las tres regiones con mayor tasa de ocupación del país y consolida su liderazgo en empleo formal, con indicadores que la sitúan como una de las economías regionales más dinámicas y ordenadas del territorio.

De acuerdo con el informe elaborado por el Observatorio Laboral de Antofagasta, la tasa de ocupación regional alcanzó el 61,5%, mientras que la participación laboral llegó al 66,7%, ubicando a la región en el tercer lugar a nivel país. En paralelo, la tasa de desocupación se situó en 7,9%, una de las más bajas del territorio nacional, y la informalidad laboral llegó a apenas 17,9%, el registro más bajo entre todas las regiones.

La seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Cortés Ruiz, destacó que estos resultados confirman una tendencia positiva que se viene observando en los últimos trimestres. “Nuevamente nuestra región mantiene una tendencia positiva en materia de empleabilidad, explicada principalmente por el buen desempeño económico del sector minero. Las cifras son muy alentadoras y nos desafían como Gobierno a seguir acercando a nuestros habitantes las ofertas de empleo que se siguen generando en la región a través del trabajo intersectorial”, sostuvo.

Cifras que confirman el liderazgo regional

El Termómetro Laboral Regional revela que el número de personas ocupadas en Antofagasta anotó un crecimiento interanual de 4,5%, sustentado, principalmente, en el aumento de los asalariados privados formales, que crecieron 7,1% en doce meses. Este avance se enmarca en un contexto económico regional favorable, con un incremento del 3,3% en el PIB minero y de 1,7% en el IMACEC no minero, en comparación con el año anterior.

Para Manuel Pérez, director del Observatorio Laboral de la Región de Antofagasta y académico de la Universidad Católica del Norte, estas cifras muestran un mercado laboral capaz de absorber no sólo la oferta local, sino también la que llega desde otras regiones. “El mercado laboral regional continúa mostrando un buen desempeño en términos de creación de empleo y disminución del desempleo, en un contexto en el que la oferta laboral, tanto residente como conmutante, sigue en aumento. Esto evidencia que el mercado de trabajo regional no solo es capaz de absorber la oferta existente, sino también la que se ha incorporado durante el último año”, explicó.

El especialista subrayó además que la calidad del empleo ha dado un salto relevante. “Al combinar esta dinámica con el avance en la formalización del empleo y la reducción de la informalidad, se confirma que la calidad del empleo durante este periodo también ha mejorado”, añadió Pérez.

Menor informalidad del país y más empleo de calidad

Uno de los datos más relevantes del informe es la baja informalidad laboral de la región: 17,9%, el nivel más bajo registrado a nivel nacional. Esta cifra da cuenta de una estructura productiva donde predominan los contratos formales, la protección social y una mayor estabilidad para trabajadores y trabajadoras.

Para la seremi del Trabajo, este resultado no es casual. “La reducción de la informalidad y el fortalecimiento del empleo con contrato son parte de los objetivos centrales que nos hemos trazado como Gobierno, porque la formalización se traduce en mejores pensiones, acceso a seguridad social y mayor protección frente a contingencias. Antofagasta, gracias a su base productiva y al esfuerzo público–privado, se ha convertido en un ejemplo de cómo avanzar hacia un mercado laboral más justo y seguro”, señaló Camila Cortés Ruiz.

El informe también consigna que la masa total de horas trabajadas semanalmente llegó a 11,1 millones, con un incremento de 0,7 millones respecto al mismo periodo del año anterior, lo que evidencia un mayor nivel de actividad laboral. Esto, pese a una leve reducción en la jornada promedio, que se posicionó en 42,5 horas semanales, en línea con la gradual adecuación a la nueva normativa de reducción de jornada.

Sectores que lideran la creación de empleo

Si bien la minería continúa siendo el principal motor económico y laboral de la región, el Termómetro Laboral demuestra que otros sectores también han jugado un rol significativo en la creación de puestos de trabajo. Particularmente, el sector “Enseñanza” lideró la creación de empleo con un incremento de 24,9% en el número de trabajadores ocupados, lo que equivale a casi 6 mil nuevos puestos laborales.

Este dinamismo en el ámbito educativo refleja tanto la expansión de la oferta formativa –desde educación parvularia hasta educación superior– como la mayor demanda de servicios educativos por parte de la población, en un contexto de recuperación y consolidación tras la pandemia.

En cuanto a los grupos ocupacionales, “Profesionales, científicos e intelectuales” presentaron un alza de 19,9%, convirtiéndose en el segmento con mayor incidencia positiva en el empleo regional, con un aporte de +3,0 puntos porcentuales a la variación total de ocupados. Esto se alinea con el perfil productivo de la región, altamente intensivo en conocimiento, ingeniería y servicios especializados asociados a la minería, la energía y otros rubros estratégicos.

Empleo de alta cualificación y vínculo con el crecimiento económico

El documento del Observatorio Laboral evidencia una tendencia al alza en el empleo de alta cualificación, estrechamente vinculada al desempeño económico regional. De hecho, se estima una correlación de 0,7 entre el crecimiento del IMACEC y el aumento del empleo profesional, lo que confirma que cuando la actividad económica se expande, especialmente en sectores de alto valor agregado, la demanda por profesionales y técnicos se incrementa de manera significativa.

“Los elevados precios del cobre y las diversas inversiones en curso y proyectadas para la región probablemente sostendrán esta tendencia en el mediano plazo”, apuntó Manuel Pérez. En su análisis, el desafío principal no es sólo aprovechar este ciclo expansivo, sino corregir las brechas que aún persisten en materia de formación y calificación de la fuerza de trabajo.

“En este escenario, el principal desafío consiste en adecuar la oferta laboral, tanto en cantidad como en calidad, jugando para ello un rol fundamental la formación, para evitar que el impulso en la demanda de empleo no se corresponda con la oferta necesaria. Necesitamos más personas con competencias técnicas y profesionales acordes a los requerimientos de la industria y los servicios avanzados”, advirtió.

Recuperación del empleo femenino y aumento de la participación

El Termómetro Laboral también arroja avances importantes en materia de participación por género. Tanto hombres como mujeres mostraron mejoras en sus tasas de participación laboral respecto del año anterior.

En el caso de las mujeres, la participación alcanzó el 55,8%, lo que representa un aumento de 1,5 puntos porcentuales en doce meses. En los hombres, en tanto, la participación llegó al 77,7%, con un incremento de 2,0 puntos porcentuales. Estas cifras revelan una recuperación sostenida del empleo femenino, especialmente relevante tras el retroceso registrado en los años de pandemia, cuando muchas mujeres salieron del mercado laboral por razones de cuidado y contingencias sanitarias.

Para la seremi del Trabajo, esta evolución es clave para la equidad de género en el mundo del trabajo. “La mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral es una señal muy positiva. Para que este avance se consolide, debemos seguir promoviendo políticas de conciliación trabajo–familia, ampliar la cobertura de cuidados y fortalecer programas como el SENCE y las ferias laborales, con foco en la empleabilidad femenina, juvenil y de grupos prioritarios”, indicó Camila Cortés Ruiz.

Desafíos y proyecciones: capital humano para sostener el crecimiento

Si bien los indicadores actuales posicionan a Antofagasta como una de las regiones con mayor dinamismo laboral, baja desocupación e informalidad acotada, las autoridades y especialistas coinciden en que el principal reto es sostener este ritmo en el tiempo, evitando cuellos de botella asociados a la falta de capital humano calificado.

En este contexto, el trabajo coordinado entre el sector público, las empresas, los gremios y las instituciones de educación superior y técnico–profesional aparece como una condición indispensable. La articulación de programas de formación pertinentes, la reconversión laboral ante cambios tecnológicos y la generación de espacios de diálogo sobre las necesidades del mercado serán claves para que las oportunidades que se abren en la región se traduzcan en empleos de calidad para sus habitantes.

“El desafío es que Antofagasta no sólo sea una región de buenas cifras, sino también un territorio donde las personas puedan proyectar trayectorias laborales dignas, estables y con proyección. Tenemos condiciones económicas muy favorables, pero debemos acompañarlas con formación, capacitación y políticas laborales modernas”, concluyó Manuel Pérez.

Con los resultados del trimestre julio–septiembre de 2025, Antofagasta reafirma su condición de polo económico y laboral del país, impulsada por la minería, los servicios educativos y el empleo profesional calificado, y se proyecta como una región que, bien gestionada, puede seguir liderando en empleo formal, productividad y calidad de vida para sus trabajadores y trabajadoras.