- Un informe oficial reveló graves vulneraciones en miles de casos de adopción internacional gestionados en Suecia entre 1970 y 2000. Se detectaron falsificaciones, sustracción de menores y ausencia de consentimiento informado. Chile figura entre los países más afectados.
Un extenso y lapidario informe encargado por el gobierno sueco encendió las alarmas este lunes al revelar severas irregularidades en miles de adopciones internacionales realizadas por ese país en las últimas décadas. Chile y Colombia aparecen entre los países de origen más involucrados en estos casos, que la comisión investigadora calificó como “graves violaciones de derechos humanos”.
La investigación fue liderada por la relatora especial Anna Singer y entregada oficialmente a la ministra sueca de Servicios Sociales. El reporte documenta situaciones en que bebés fueron erróneamente declarados muertos, niños entregados sin consentimiento o por personas que no eran sus padres, y adopciones tramitadas sin que los progenitores comprendieran cabalmente las implicancias del proceso.
Uno de los aspectos más inquietantes del informe es la detección de “deficiencias importantes y sistémicas” en la documentación sueca sobre el origen de los menores, incluyendo falsificación de fechas de nacimiento, identidades de los padres, y motivos de la adopción. A esto se suma la revelación de que el Estado sueco estaba en conocimiento de algunas de estas prácticas.
Chile: las primeras acciones judiciales
Desde Santiago, la Corte de Apelaciones informó este lunes que el ministro en visita Alejandro Aguilar Brevis dictó el primer procesamiento por sustracción de menores en el marco de adopciones internacionales irregulares entre las décadas de 1970 y 1990. Además, se solicitó a la Corte Suprema la extradición desde Israel de una de las personas encausadas.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró la decisión: “Es una pequeña luz de esperanza para aquellos que durante largo tiempo han estado en este proceso. El país tiene una deuda con estas víctimas”, afirmó.
Testimonios desde el desarraigo
En Estocolmo, donde se presentó oficialmente el informe, se reunieron personas adoptadas desde Chile, Colombia, Sri Lanka y otros países. Una de ellas, Lisa Gauffin Dahlin, jurista de 30 años y activista de Chile Adoption, expresó la herida persistente de vivir sin una identidad clara: “Imagínese que alguien elimine su historia. Es una herida abierta”, dijo con emoción.
Hanna Wallensteen, psicoterapeuta de 54 años adoptada en Etiopía en 1971, remarcó la gravedad del daño: “Crecimos escuchando que nadie nos quería, que fuimos salvados. Pero eso no borra que fuimos víctimas de una violación a nuestros derechos”. Agregó que “vivir sin saber quién eres afecta profundamente. Muchos de nosotros seguimos buscando respuestas”.
Propuesta: prohibición total y disculpas del Estado
Como parte de sus conclusiones, la comisión sueca propuso prohibir definitivamente las adopciones internacionales, señalar públicamente al Estado como responsable de las violaciones a los derechos humanos cometidas y presentar disculpas a las personas adoptadas. También cuestionó el rol de las organizaciones privadas de adopción que operaban con intereses de maximización de niños adoptables, sin suficiente fiscalización estatal.
“El Estado debe reconocer las violaciones de derechos humanos que ocurrieron”, enfatizó la relatora Singer, quien recalcó que durante muchos años la prioridad legal era facilitar la adopción, más que garantizar procesos éticos y transparentes.
Las cifras muestran una caída drástica en este tipo de procedimientos: si en 1985 más de 900 niños fueron adoptados en el extranjero por familias suecas, en lo que va de 2025 apenas se han registrado 14 casos.
El informe ha generado un amplio debate en Suecia, donde se espera que el gobierno anuncie próximamente una hoja de ruta para reparar el daño causado y garantizar que este tipo de irregularidades no se repita. En Chile, en tanto, el nuevo procesamiento abre un camino judicial que podría develar una trama de décadas de sustracción de menores disfrazada de legalidad.