- La ministra del Interior, Carolina Tohá, subrayó la necesidad de implementar estrategias específicas en áreas rurales, mientras expertos y autoridades locales llaman a reforzar recursos para enfrentar el crimen organizado en estos territorios.
El crecimiento de delitos violentos en zonas rurales ha encendido las alarmas entre las autoridades nacionales, tras reportarse un aumento significativo de homicidios en estos sectores. La ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció la complejidad de la situación, señalando que “hay que poner mucha atención” y que se están desarrollando metodologías específicas para enfrentar esta problemática en áreas alejadas de los centros urbanos.
Factores que favorecen el crimen organizado
La combinación de baja densidad poblacional, vastos territorios inhóspitos y la carencia de sistemas de vigilancia, como cámaras de seguridad, ha facilitado la expansión del crimen organizado en estas zonas. Así lo explicó Raúl Carnevali, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Talca, quien destacó la vulnerabilidad de las áreas rurales ante estos fenómenos.
Si bien Tohá señaló que los niveles de delitos violentos en zonas rurales aún son bajos en comparación con las áreas urbanas, manifestó su preocupación por el alza en los homicidios y otros delitos graves. En este contexto, confirmó que se están trabajando metodologías propias para las zonas rurales, en coordinación con los alcaldes de estas localidades.
Perspectiva metropolitana y casos emblemáticos
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, advirtió que la región Metropolitana no está exenta de esta problemática, ya que también cuenta con amplias áreas rurales en sus periferias. Casos recientes como el hallazgo de cadáveres en Alhué y María Pinto, o los homicidios en comunas como Til-Til, Lampa y Talagante, reflejan una situación que, según Orrego, requiere atención urgente.
El gobernador hizo un llamado a destinar recursos adicionales a las comunas rurales y a combatir el flujo de dinero que sustenta las actividades del crimen organizado, calificándolo como un paso esencial para abordar este fenómeno.
Llamado a medidas extraordinarias
Ante esta realidad, la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile ha solicitado al Gobierno la creación de un “decreto de seguridad de emergencia”, similar a un estado de excepción, que permita enfrentar de manera efectiva la propagación de delitos violentos en áreas rurales.
Este decreto, según los representantes de las municipalidades, ofrecería herramientas adicionales para abordar el incremento del crimen organizado y garantizar mayor protección a las comunidades afectadas.
Conclusión
La expansión de los delitos violentos hacia zonas rurales plantea un desafío que requiere la implementación de estrategias específicas y una coordinación interinstitucional eficaz. Tanto las autoridades nacionales como locales coinciden en que el combate al crimen organizado en estas áreas debe ser una prioridad, garantizando así la seguridad de sus habitantes y el desarrollo sostenible de sus territorios.