Escándalo en el Gobierno: Revelaciones del informe de Contraloría exponen gravísimas irregularidades en la entrega de pensiones de gracia

  • El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, rectifica cifras y admite errores tras la publicación del informe de Contraloría que señala fallas en la validación de antecedentes para pensiones de gracia.

Luego de que el informe de Contraloría, revelado el 13 de diciembre, evidenciara serias fallas en la validación de antecedentes para la entrega de pensiones de gracia por parte del Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior, el subsecretario Manuel Monsalve (PS) realizó un giro en su discurso y admitió la gravedad de la situación.

En una conferencia de prensa, Monsalve señaló: “Nunca debió haber ocurrido entregar pensiones de gracia a personas que tenían antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes. Es un hecho grave”. Sin embargo, el subsecretario ha corregido en varias ocasiones las cifras de beneficiados con pensiones de gracia en el marco del estallido social.

El informe de Contraloría destaca que en 19 casos no existían informes médicos que acreditaran las lesiones de los postulantes como víctimas de abusos del Estado. En 10 casos, los documentos eran ilegibles. Además, se encontraron contradicciones y falta de diagnósticos precisos.

Monsalve argumentó que la glosa presupuestaria no establecía la necesidad de antecedentes médicos, basándose en la Ley y el reglamento. Sin embargo, la resolución exenta N°16 del 4 de enero de 2022, firmada por el exsubsecretario Juan Francisco Galli, señala expresamente que se requieren antecedentes médicos para postular al beneficio.

En cuanto a la gravedad de los delitos de los beneficiarios, Monsalve trató de minimizar la situación en septiembre, pero el informe de Contraloría revela que hay beneficiarios con más de 10 condenas, incluyendo delitos graves como estafa, tráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, homicidio, entre otros.

El gobierno, liderado por el Presidente Boric, ha transparentado públicamente que conocía la situación de beneficiarios con antecedentes graves desde mediados de diciembre, aunque la revocación de algunos casos se ordenó recientemente.

En cuanto a los descargos del INDH, Contraloría señala que la Subsecretaría del Interior y la Comisión de Pensiones de Gracia se limitaron a revisar informes del INDH y no verificaron los antecedentes de los beneficiarios. El INDH, por su parte, aclaró que nunca intervino en el proceso de entrega de pensiones.

La polémica ha llevado a cuestionamientos políticos, con figuras de RN, como Diego Schalper y Arturo Longton, pidiendo la evaluación de la continuidad de Monsalve en el gabinete. La UDI y el Partido Republicano también apuntan a la responsabilidad del INDH en el escándalo.

El Gobierno se enfrenta a una profunda crisis, mientras la ciudadanía exige transparencia y responsabilidad en este caso que involucra la entrega de beneficios a personas con antecedentes penales y sin lesiones permanentes.