- El Consejo de Defensa del Estado se convierte en epicentro de la controversia, mientras diputados de Renovación Nacional exigen revocar decretos presidenciales y tomar acciones legales ante la entrega irregular de pensiones de gracia a beneficiarios con historial delictivo.
En enero de 2023, el Presidente Gabriel Boric otorgó indultos a doce individuos vinculados a delitos durante el estallido social de 2019, marcando el inicio del presente año con pensiones de gracia otorgadas a personas afectadas en las manifestaciones de esa época. Sin embargo, el informe de la Contraloría General de la República ha revelado que 58 beneficiarios cuentan con antecedentes penales, incluyendo pedofilia y homicidio.
Este viernes, los diputados José Miguel Castro, Andrés Longton y Diego Schalper, miembros de la comisión de Seguridad de la Cámara Baja, se dirigieron al Consejo de Defensa del Estado para solicitar el informe final de auditoría N°419/2023 de la Contraloría y obtener todos los antecedentes necesarios para evaluar acciones penales contra aquellos responsables de fraude, prevaricación administrativa u otros delitos que afecten el patrimonio fiscal y la integridad de la función pública.
En el documento presentado, los parlamentarios de Renovación Nacional instan al Presidente de la República a dejar sin efecto los decretos que otorgaron las pensiones cuestionadas, exigiendo acciones civiles para recuperar los recursos fiscales indebidamente percibidos. Comparando la situación con el caso de “Falsos exonerados” de 2008, el informe de la Contraloría resalta la inexistencia de certificaciones en 136 casos analizados y la falta de indagaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos en una decena de casos.
Enfatizando el perjuicio fiscal y la violación del Principio de Probidad Administrativa, los diputados solicitan al Consejo de Defensa del Estado que recopile todos los antecedentes y emprenda acciones penales y civiles para perseguir las responsabilidades derivadas de la entrega irregular de pensiones de gracia. Simultáneamente, presentaron una denuncia en la Fiscalía Nacional por prevaricación administrativa y fraude al fisco, solicitando una investigación para esclarecer los hechos y perseguir responsabilidades penales.