- El Gobernador Regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, manifiesta inquietud ante el decreto peruano que establece la expulsión en 24 horas de extranjeros en situación irregular que cometan delitos contra la seguridad ciudadana.
- La medida, promulgada el martes, genera preocupación en la región debido a posibles repercusiones en la frontera con Chile.
El Gobernador Regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, ha expresado su preocupación ante la entrada en vigor de un decreto peruano que establece la expulsión exprés en no más de 24 horas de extranjeros en situación irregular que cometan delitos contra la seguridad ciudadana y el orden interno.
La norma, promulgada el martes, modifica la Ley de Migraciones en Perú para establecer un “procedimiento administrativo sancionador especial excepcional” dirigido a delincuentes y criminales extranjeros. Esta medida se aplica a aquellos que ingresen al país sin pasar por el control migratorio y ejecuten acciones que “pongan en riesgo o atenten contra el orden público, el orden interno, la seguridad nacional o la seguridad ciudadana”. La expulsión se llevará a cabo de manera rápida, tras una “audiencia única, virtual o presencial, que no podrá exceder las 24 horas desde que se hizo la retención administrativa del extranjero llevada a cabo por la Policía Nacional”.
El Gobernador Díaz, alzando la voz ante posibles consecuencias en su región, que ha experimentado tensiones debido al aumento de la criminalidad vinculada con la acción de extranjeros irregulares, advierte sobre la situación en la frontera. Arica, a tan solo 20 kilómetros de Chacalluta, podría verse afectada por esta medida peruana, según Díaz, quien cuestiona las capacidades del Estado chileno para controlar un eventual flujo masivo de delincuentes por esa zona.
A pesar de la participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo de las fronteras gracias a la Ley de Infraestructura Crítica, el Gobernador considera la situación “extraña”, ya que continúa ingresando narcotráfico, armas y crimen organizado.
Además de la expulsión exprés, el decreto peruano endurece las medidas de fiscalización y control sobre la población migrante, afectando a empresas de transporte, operadores marítimos y servicios de hospedaje. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, respalda la decisión argumentando la necesidad de garantizar la paz y seguridad de los ciudadanos peruanos.
En Chile, la presión por medidas más estrictas contra delincuentes extranjeros ha aumentado en los últimos días debido a casos de secuestros extorsivos y al ataque a una carabinera con una granada. Diputados de distintas tendencias políticas han abogado por un estado de excepción a nivel nacional y han solicitado la expulsión inmediata de 12 mil personas.