- La renuncia del seremi de Agricultura de Arica y Parinacota fue aceptada de manera inmediata por el Ejecutivo luego de la aplicación de exámenes a autoridades regionales.
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta un nuevo flanco político en regiones, luego de que se confirmara la salida del seremi de Agricultura de Arica y Parinacota en medio del proceso de aplicación de test de drogas a Secretarios Regionales Ministeriales del país.
Según consignó ADN Radio, con esta nueva renuncia la administración acumula 23 seremis que han dejado sus cargos durante los primeros tres meses y medio de Gobierno, una cifra que vuelve a instalar cuestionamientos sobre la estabilidad de los equipos regionales y el proceso de instalación política del Ejecutivo en distintas zonas del país.
La salida del ex seremi de agricultura fue aceptada de manera inmediata luego de la aplicación de los exámenes antidrogas a autoridades regionales. Si bien el Gobierno no entregó públicamente detalles sobre los resultados del test ni precisó eventuales sustancias detectadas, sí confirmó la renuncia mediante un comunicado oficial.
“Tras la realización de los test de drogas aplicados a los Secretarios Regionales Ministeriales del país, se ha aceptado la renuncia del seremi de Agricultura de la Región de Arica y Parinacota, la que se hará efectiva de manera inmediata”, señaló el Ejecutivo.
De acuerdo a lo informado por ADN, fuentes conocedoras del caso indicaron que la solicitud de renuncia se habría producido durante la jornada del miércoles. Sin embargo, este jueves Campbell envió un mensaje a su equipo en el que comunicó su salida del cargo argumentando un supuesto viaje de trabajo a Estados Unidos y la búsqueda de “nuevos desafíos profesionales”.
La diferencia entre ambas versiones abrió un nuevo foco de atención política, especialmente porque la salida se produce en el marco de una medida impulsada por el Gobierno para reforzar los estándares de probidad y transparencia en autoridades públicas. En ese contexto, la administración Kast ha defendido la aplicación de exámenes como una señal frente al avance del narcotráfico y la necesidad de exigir mayores niveles de control a quienes ejercen cargos de responsabilidad estatal.
No obstante, la acumulación de renuncias y remociones en Secretarías Regionales Ministeriales durante los primeros meses de gestión ha generado preocupación en el oficialismo y críticas desde la oposición, debido al impacto que estos cambios pueden tener en la continuidad de las políticas públicas y en la coordinación del Gobierno central con las regiones.
El caso de Arica y Parinacota se suma a una lista de salidas que han marcado el periodo inicial de instalación del Ejecutivo. La cifra de 23 seremis fuera en tres meses y medio refleja una rotación significativa en cargos clave para la ejecución territorial de la agenda gubernamental, especialmente en áreas sensibles como agricultura, seguridad, desarrollo social, educación, salud y economía regional.
En La Moneda, el episodio obliga a reforzar el control político sobre los nombramientos y a contener los efectos comunicacionales de una nueva baja en el despliegue territorial. La salida de Campbell no solo tensiona la instalación del Gobierno en el extremo norte, sino que también pone bajo observación los criterios de selección, evaluación y permanencia de las autoridades regionales.
Aunque el Ejecutivo evitó entregar mayores antecedentes sobre el resultado del examen aplicado al ahora exseremi, la aceptación inmediata de la renuncia dejó instalada la lectura de que el caso fue tratado con urgencia por parte del Gobierno. La falta de detalles, sin embargo, mantiene abiertas las interrogantes sobre el alcance del procedimiento y sobre si podrían registrarse nuevas consecuencias administrativas en otras regiones.
Con este nuevo episodio, la administración Kast enfrenta el desafío de ordenar sus equipos regionales en medio de una etapa clave para la implementación de su programa. La estabilidad de los seremis resulta determinante para la relación con municipios, gobiernos regionales, servicios públicos y actores productivos, por lo que cada salida no solo representa un costo político, sino también una dificultad operativa para el despliegue del Gobierno en el territorio.
Esta nueva renuncia se transforma así en una nueva señal de tensión para La Moneda, que deberá equilibrar su discurso de exigencia ética con la necesidad de asegurar conducción, continuidad y control político en regiones.