- La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, informó que el Presidente José Antonio Kast encabezó una reunión con representantes de los tres poderes del Estado para abordar los alcances de las denuncias sobre el ingreso de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití. La autoridad sostuvo que el Ejecutivo actuará con urgencia para esclarecer los hechos, ubicar a menores cuyo paradero se desconozca y proteger a quienes puedan haber sido vulnerados en sus derechos.
En medio de una creciente preocupación institucional y política por las denuncias vinculadas al ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití y eventuales irregularidades en su llegada al país, el Gobierno decidió elevar el caso al más alto nivel del Estado. La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, confirmó que el Presidente José Antonio Kast encabezó una reunión de coordinación con autoridades de los distintos poderes del Estado, con el objetivo de ordenar una respuesta urgente, transversal y efectiva ante un hecho que podría comprometer gravemente la protección de menores de edad.
Tras la cita, la secretaria de Estado sostuvo que el encuentro tuvo un carácter estrictamente institucional y que su propósito fue establecer mecanismos concretos de coordinación entre las instituciones responsables de investigar, proteger y entregar respuestas frente a una situación que, por su naturaleza, exige máxima seriedad y celeridad. La autoridad remarcó que el Gobierno no abordará este caso como un episodio administrativo más, sino como una alerta crítica que involucra deberes esenciales del Estado en materia de infancia, migración, seguridad y derechos fundamentales.
“Acabamos de tener una reunión liderada por el Presidente de la República y en la cual participaron los diferentes poderes del Estado y autoridades para discutir sobre los alcances de las denuncias e informaciones que hemos conocido respecto al ingreso masivo de niños y adolescentes provenientes de Haití y eventuales irregularidades en su llegada a Chile”, señaló la ministra Wulf al término del encuentro.
La titular de Desarrollo Social y Familia enfatizó que la prioridad del Ejecutivo será despejar, en el menor plazo posible, los antecedentes disponibles, identificar eventuales responsabilidades y, sobre todo, asegurar la protección inmediata de los niños, niñas y adolescentes que pudieran haber sido afectados. En ese sentido, planteó que el Gobierno actuará bajo un criterio de urgencia, pero también de responsabilidad, evitando improvisaciones frente a un caso de alta sensibilidad pública.
“El Presidente ha hecho un llamado a la responsabilidad y seriedad en el tratamiento de este caso, reaccionando con urgencia para despejar los alcances de información que se han detectado y asegurar lo más pronto posible la protección de niños y adolescentes que eventualmente puedan haber sido vulnerados en sus derechos o cuyo paradero hoy se desconozca”, afirmó la ministra.
El caso golpea directamente una de las áreas más sensibles de la gestión pública: la capacidad del Estado para controlar el ingreso de personas al territorio nacional y, al mismo tiempo, garantizar la protección de menores que llegan al país en condiciones potencialmente irregulares o vulnerables. Por ello, la reunión convocada por el Mandatario buscó enviar una señal política clara: el Ejecutivo pretende asumir el control de la crisis y evitar que la falta de coordinación entre instituciones derive en nuevas zonas grises.
Wulf informó además que, tal como fue anunciado previamente por el ministro del Interior, el Gobierno creó una fuerza de tarea destinada a agilizar la recopilación de antecedentes y acelerar los cruces de información entre ministerios, servicios y organismos competentes. La instancia tendrá como objetivo central reconstruir las condiciones en que se produjo el ingreso de estos menores, verificar su situación actual y determinar si existieron vulneraciones de derechos, negligencias o redes que hayan facilitado eventuales irregularidades.
“Como Gobierno, como lo anunció el ministro del Interior ayer, se ha creado una fuerza de tarea para agilizar la búsqueda de información y el Presidente me ha solicitado liderar la coordinación de ministerios y servicios para articular la respuesta del Estado y agilizar los intercambios de información que nos permitan despejar lo antes posible todas las dudas que existen”, detalló la autoridad.
La decisión de que la ministra de Desarrollo Social y Familia lidere esta coordinación refuerza el enfoque de protección de infancia que el Ejecutivo busca imprimir al caso. No obstante, el tema también tiene una evidente dimensión política y de seguridad, considerando que las denuncias apuntan a eventuales fallas en los controles, vacíos institucionales y posibles irregularidades en procesos de ingreso al país.
Desde La Moneda se intenta instalar la idea de que la respuesta estatal no puede quedar atrapada en la burocracia ni diluirse entre distintas reparticiones. La presencia de representantes de los tres poderes del Estado en la reunión apunta precisamente a reforzar una señal de gravedad institucional: cuando se trata de menores de edad cuyo paradero puede ser incierto o cuyos derechos podrían haber sido vulnerados, el Estado está obligado a reaccionar de manera coordinada y sin espacio para omisiones.
La ministra Wulf adelantó que durante las próximas horas se realizarán nuevas reuniones de trabajo para avanzar en la recopilación de antecedentes y definir medidas concretas. Aunque evitó entregar mayores detalles sobre eventuales hallazgos o responsabilidades, sí subrayó que el Gobierno mantendrá informada a la ciudadanía a medida que existan avances verificables.
“En las próximas horas vamos a sostener diversas reuniones para avanzar en el cumplimiento de este objetivo y les iremos informando todos estos avances”, sostuvo.
El Ejecutivo enfrenta ahora el desafío de transformar el anuncio político en resultados concretos. La fuerza de tarea deberá responder preguntas clave: cuántos menores ingresaron, bajo qué condiciones lo hicieron, con quiénes llegaron, dónde se encuentran actualmente y si hubo adultos, instituciones o redes que incumplieron obligaciones legales o facilitaron situaciones de riesgo.
En un contexto marcado por el endurecimiento del debate migratorio y por la exigencia ciudadana de mayor control del Estado, el caso de los niños y adolescentes haitianos instala una tensión de fondo: la necesidad de compatibilizar seguridad, orden migratorio y protección efectiva de la niñez. Para el Gobierno, el margen de error es mínimo, no solo por las eventuales responsabilidades administrativas o judiciales que puedan surgir, sino porque el eje del caso son menores de edad.
“Como Gobierno, para nosotros lo central es encontrar respuestas con urgencia y proteger a los niños y adolescentes que pudiesen haber sido objetos de vulneración”, recalcó la ministra María Jesús Wulf.
La reunión encabezada por el Presidente Kast marca así el inicio de una ofensiva institucional frente a un episodio que podría escalar políticamente si se confirman fallas graves en el ingreso, registro o seguimiento de menores extranjeros. Por ahora, el Gobierno busca instalar una respuesta de Estado, con coordinación interinstitucional y con la promesa de esclarecer una situación que exige transparencia, rapidez y consecuencias.