- La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados advirtió fallas estructurales en el sistema judicial que comprometen la seguridad y trazabilidad de resoluciones clave. Propusieron medidas concretas para evitar nuevos errores.
En respuesta a la grave situación que derivó en la excarcelación por error del joven venezolano Alberto Mejía, imputado en el caso del denominado “Sicario de Meiggs” y actualmente prófugo, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) envió un detallado informe a la Corte Suprema con 12 observaciones críticas y 8 propuestas concretas para corregir debilidades estructurales del sistema de tramitación penal.
El informe del gremio judicial surgió luego de que la presidenta (s) del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, anunciara la elaboración de un nuevo protocolo unificado para asegurar el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales, en medio del revuelo generado por el error de identidad que permitió la liberación del imputado, inicialmente registrado como Osmar Ferrer.
Observaciones clave: fallas en trazabilidad y control
Entre las deficiencias más relevantes identificadas por los jueces, se encuentra la imposibilidad de corregir oficios sin dejar sin efecto el original, lo que —según indican— genera una cadena de acciones confusas: se dicta una orden defectuosa, luego una de libertad para anularla, y finalmente una nueva de ingreso con correcciones. Este proceso, advierten, abre riesgos operativos importantes.
Además, los jueces no pueden verificar si el llamado “flag de notificación” fue activado al momento de firmar digitalmente, pues se trata de una tarea administrativa que no es visible para el magistrado, lo que perjudica el control sobre la ejecución efectiva de sus resoluciones.
Otro punto crítico es la rigidez del sistema: los magistrados solo pueden firmar o rechazar oficios en formato PDF no editable, y en caso de errores, deben encargar su corrección a personal administrativo, lo que representa una sobrecarga operativa e ineficiencia innecesaria.
Asimismo, lamentan la falta de conexión directa con Gendarmería, lo que impide notificaciones inmediatas, y la ausencia de controles biométricos al asignar RUT provisorios, una situación especialmente delicada en el caso de imputados extranjeros sin documentación chilena.
Finalmente, advierten que el sistema no alerta automáticamente sobre órdenes de detención, medidas cautelares o condenas previas vigentes al momento de abrir nuevas causas, lo que —a juicio del gremio— debilita el estándar institucional de respuesta.
Ocho propuestas para evitar nuevos errores
Como parte del documento, la ANMM entregó ocho propuestas que apuntan a robustecer el sistema y prevenir nuevos episodios como el ocurrido en el caso Meiggs. Entre ellas se destacan:
- Incorporar edición controlada de oficios judiciales, con trazabilidad de cambios.
- Implementar alertas visibles e ineludibles sobre medidas cautelares vigentes.
- Establecer interconexión directa entre los sistemas SIAGJ/UNIJUD y Gendarmería.
- Incluir verificación biométrica obligatoria para imputados con RUT provisorio.
- Centralizar información técnica en una plataforma web accesible y actualizada.
- Capacitar adecuadamente a funcionarios antes de implementar el sistema UNIJUD.
- Establecer franjas de notificación más frecuentes o automáticas.
- Habilitar revocación inmediata de penas sustitutivas, mediante reforma legal.
Los jueces concluyen que las causas vinculadas a crimen organizado deben contar con estándares reforzados de control, seguridad y trazabilidad, exigiendo al sistema una respuesta robusta y tecnológica frente a casos de alta complejidad.
Medidas desde la Corte de Santiago
En paralelo, la Corte de Apelaciones de Santiago informó que una comisión de ministros —integrada por los jueces Fernando Valderrama, Luis Avilés y Sergio Córdova— elaboró un plan con nuevas responsabilidades y pasos para quienes participan en la elaboración y cumplimiento de resoluciones judiciales.
Las medidas inmediatas incluyen:
- Actualización urgente de la capacitación a funcionarios que tramitan resoluciones.
- Exigencia de información fidedigna sobre identidad de imputados.
- Presencia de personal de turno simultáneo a las audiencias de control de detención, para garantizar flujo de información oportuno y de calidad.
Desde el Poder Judicial señalaron que otras medidas serán estudiadas por una comisión especial de ministros a cargo del sistema procesal penal.
Con este escenario, se busca evitar que errores como el ocurrido con el imputado Alberto Mejía se repitan, fortaleciendo la integridad del sistema judicial y su capacidad para enfrentar delitos complejos como el crimen organizado.