- La parlamentaria del Partido Social Cristiano valoró la labor de la Contraloría General de la República, que detectó graves irregularidades en varios Gobiernos Regionales del país, incluyendo el GORE de Antofagasta, el cual mantiene un saldo sin rendir que supera los cuatro mil millones de pesos. “La ciudadanía exige transparencia total”, recalcó.
En un contexto nacional marcado por una creciente desconfianza hacia las instituciones públicas, la diputada Yovana Ahumada, representante del Partido Social Cristiano, se refirió esta mañana al reciente informe entregado por la Contraloría General de la República, el cual da cuenta de irregularidades administrativas en diversos Gobiernos Regionales (GOREs) del país.
Uno de los casos más alarmantes es el del Gobierno Regional de Antofagasta, donde, según el reporte del órgano contralor, existe un saldo pendiente de rendición superior a los $4.200 millones de pesos. Esta situación ha encendido las alertas tanto a nivel parlamentario como en la ciudadanía.
“Valoro el trabajo realizado por la Contralora, y espero que el Gobernador a la brevedad pueda explicar qué es lo que ocurrió con esos más de 4 mil 200 millones de pesos, que no han sido rendidos adecuadamente”, expresó la diputada Ahumada en declaraciones a la prensa en el Congreso Nacional.
La parlamentaria fue enfática al recalcar que no basta con anuncios o generalidades, y que se requiere una aclaración concreta sobre el desglose del gasto, especialmente en ítems sensibles como los servicios a honorarios.
“Me gustaría conocer especialmente el ítem de servicios a honorarios. ¿Qué se contrató? ¿A cuánto asciende ese monto? Y ¿en qué específicamente se gastó?”, añadió Ahumada, manifestando su preocupación por el uso discrecional que en ocasiones se ha dado a estas contrataciones.
El informe de Contraloría: cifras y observaciones
El documento de la Contraloría General de la República, difundido esta semana, analizó la ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas de los fondos transferidos desde los Gobiernos Regionales a distintas fundaciones, corporaciones y entidades privadas. En el caso de Antofagasta, el monto sin justificar supera los $4.200 millones, lo que representa una de las cifras más altas a nivel nacional.
El informe también señala déficits en los controles internos, ausencia de seguimiento a proyectos, y contratos por servicios que no cuentan con respaldo documental suficiente. Este tipo de hallazgos ha desatado una ola de críticas y peticiones de transparencia desde diversos sectores políticos y sociales.
Ahumada: “La probidad debe ser a toda prueba”
La diputada Ahumada reiteró su compromiso con la transparencia y la buena gestión del Estado. En sus palabras, los representantes públicos deben responder con claridad ante cualquier duda sobre el uso de fondos fiscales, en especial en zonas como Antofagasta, donde los desafíos sociales son urgentes.
“Cuando se trata de recursos públicos, la transparencia y la probidad deben ser a toda prueba. Eso nos exige la ciudadanía, que pone en nosotros la confianza en la buena administración de los recursos”, declaró con firmeza.
El llamado de la parlamentaria cobra mayor relevancia en un escenario político donde han surgido múltiples casos de malversación, conflictos de interés y cuestionadas transferencias de fondos a fundaciones poco conocidas. La situación ha revivido el debate sobre el rol fiscalizador del Congreso y la necesidad de reformas al sistema de asignación de recursos regionales.
Contexto político y social
La denuncia de Ahumada ocurre en medio de un clima de creciente tensión entre los Gobiernos Regionales y el Congreso Nacional. En las últimas semanas, diversas autoridades regionales han sido puestas bajo la lupa, y la ciudadanía comienza a exigir mayores mecanismos de control, acceso público a las rendiciones de cuentas, y sanciones efectivas ante eventuales irregularidades.
Distintos parlamentarios han solicitado la creación de una comisión investigadora sobre el uso de recursos públicos en los GOREs, y algunos incluso han propuesto que se reevalúe el sistema de financiamiento a fundaciones, argumentando que falta regulación, transparencia y fiscalización activa.
Llamado a la acción
Frente a este panorama, la diputada Ahumada anunció que oficiará al Gobierno Regional de Antofagasta solicitando el detalle completo de los gastos observados por Contraloría, con especial énfasis en los pagos por honorarios, convenios con privados y los mecanismos de control utilizados.
“Como representantes del pueblo, tenemos la responsabilidad de esclarecer cualquier duda. Este no es un ataque político, es una exigencia ética y ciudadana. La administración pública debe responder con hechos y documentos, no con discursos vacíos”, concluyó la legisladora.
Finalmente, la denuncia y exigencia de la diputada Yovana Ahumada no solo pone presión sobre el gobernador regional de Antofagasta, sino que también marca un nuevo capítulo en la discusión nacional sobre la probidad en el uso de recursos públicos y la rendición de cuentas en el Estado chileno.