- La iniciativa, impulsada tras una reunión con la contralora Dorothy Pérez, busca otorgar acceso bancario, facultades sancionadoras directas y modernización de sumarios al órgano fiscalizador, en medio de denuncias por mal uso de licencias médicas por parte de más de 25 mil funcionarios públicos.
Luego de una reunión clave sostenida este lunes entre la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) y la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, este miércoles se tradujo en una acción legislativa concreta: el ingreso de un proyecto de ley que busca aumentar significativamente las facultades fiscalizadoras y sancionadoras de la Contraloría General de la República (CGR).
El encuentro, que se extendió por más de una hora en las oficinas de la Contraloría en calle Teatinos, giró en torno a las preocupaciones generadas por el informe recientemente emitido por el ente contralor, en el que se detectaron 25.078 casos de funcionarios públicos que viajaron al extranjero durante sus licencias médicas, vulnerando gravemente la normativa vigente. A partir de esta denuncia, los parlamentarios decidieron canalizar propuestas concretas en una moción legislativa que —por primera vez— incorpora directamente sugerencias hechas por la propia Contralora General.
Más poder para fiscalizar y sancionar
El diputado José Miguel Castro, impulsor principal de la iniciativa junto a sus colegas de bancada, explicó que el proyecto de ley se sustenta en una necesidad urgente: dotar a la Contraloría de herramientas reales para enfrentar el creciente fenómeno de corrupción y abuso de recursos públicos. “No basta con detectar irregularidades si no hay dientes para sancionar, ni mecanismos ágiles para obtener la información necesaria. Es momento de fortalecer de verdad al órgano contralor”, afirmó el legislador.
Entre las medidas contempladas en el proyecto, destaca la autorización para que la CGR acceda de forma efectiva y oportuna a información financiera y bancaria de las instituciones públicas y sus funcionarios, lo que facilitará el cruce de datos con declaraciones y permitirá descubrir inconsistencias o movimientos sospechosos. La idea es terminar con los vacíos que permiten que prácticas irregulares se mantengan impunes por años.
Además, se propone otorgar a la Contraloría la facultad de requerir directamente a entidades financieras bases de datos e información bancaria, sin depender de intermediarios judiciales o administrativos, acortando significativamente los tiempos de respuesta y aumentando la eficacia investigativa.
Nuevas sanciones y menos dependencia política
Uno de los puntos más novedosos de la moción parlamentaria es la posibilidad de que la CGR imponga sanciones disciplinarias directas, como multas o suspensiones sin goce de sueldo a funcionarios públicos que infrinjan la normativa. Hasta ahora, la imposición de estas sanciones ha estado supeditada a procedimientos internos de los propios servicios o a decisiones judiciales, lo que ha restado agilidad y efectividad a los procesos de control.
También se contempla que, en el caso de autoridades electas como alcaldes y gobernadores, la Contraloría pueda requerir directamente al Tribunal Electoral Regional (TER) para que se determine su responsabilidad administrativa, sin la mediación de actores políticos. Esta medida busca evitar que consideraciones partidarias obstaculicen la persecución de conductas que atentan contra la probidad administrativa.
Modernización digital de procedimientos
El proyecto incluye además una modernización integral del procedimiento sumarial, promoviendo que estas investigaciones se realicen preferentemente mediante medios digitales, lo que apunta a una mayor rapidez, eficiencia y transparencia en la tramitación de expedientes. Esta línea sigue iniciativas ya planteadas durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera, cuando se buscó avanzar hacia la digitalización de los procesos administrativos.
“Nos enfrentamos a una administración del Estado que todavía en muchos sectores funciona con herramientas del siglo pasado. Este proyecto se hace cargo de esa brecha y propone una Contraloría con musculatura real, dotada de tecnología y respaldo legal”, explicó el diputado Castro.
Un llamado urgente contra la corrupción
Durante la presentación del proyecto en el Congreso, los diputados de RN subrayaron la urgencia de enfrentar con seriedad los casos de corrupción, recordando que el país ha sido sacudido por diversos escándalos que han golpeado a instituciones públicas y autoridades en los últimos años. En este contexto, dotar a la Contraloría de mejores herramientas no solo es necesario, sino indispensable, dijeron.
“Es hora de pasar del diagnóstico a la acción. Hemos escuchado a la Contralora, hemos tomado sus recomendaciones y las estamos transformando en una propuesta concreta. No podemos seguir esperando mientras la confianza ciudadana se deteriora cada día más”, sentenció el parlamentario.
La iniciativa quedó ingresada en la Cámara de Diputadas y Diputados y se espera que sea discutida en la Comisión de Constitución durante las próximas semanas. Desde la Contraloría no emitieron declaraciones oficiales tras el anuncio, pero fuentes internas valoraron positivamente que el diálogo sostenido el lunes se haya traducido en una moción parlamentaria concreta. La expectativa ahora está puesta en el respaldo que la propuesta reciba de otros sectores políticos, en particular del oficialismo, que aún no se ha pronunciado formalmente sobre su contenido.