Diputado Videla exige intervención militar ante grave ola delictiva en Antofagasta y Calama

  • El parlamentario solicitó al Gobierno que autorice el apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar la crisis de seguridad que afecta a la macrozona norte. “¡No podemos seguir normalizando la violencia!”, enfatizó.

Ante la creciente ola de violencia que afecta a las ciudades de Antofagasta y Calama, el diputado Sebastián Videla realizó un enérgico llamado al Gobierno para autorizar el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y frenar el avance del crimen organizado en la región.

“La Constitución permite el uso de militares para reforzar la seguridad interna. La ciudadanía vive con miedo. Necesitamos más presencia en las calles y acciones concretas para recuperar la seguridad”, sostuvo el parlamentario por la región de Antofagasta.

La solicitud del diputado surge luego de una serie de hechos delictivos de alta connotación pública registrados en las últimas semanas, que incluyen homicidios, balaceras, extorsiones y delitos vinculados al narcotráfico. Según Videla, estos hechos dan cuenta de una situación crítica que requiere medidas excepcionales y urgentes.

“Hoy los vecinos no pueden salir tranquilos de sus casas. En Calama y en varios sectores de Antofagasta la violencia se ha normalizado, y eso es inaceptable. ¡No podemos seguir postergando decisiones que son urgentes para devolver la tranquilidad a las regiones del norte!”, expresó con firmeza.

El parlamentario enfatizó que su propuesta no busca reemplazar a las policías, sino que fortalecer sus capacidades operativas con el respaldo logístico y territorial que podrían ofrecer las Fuerzas Armadas bajo un marco legal definido. En esa línea, recordó que la Carta Fundamental permite la participación de los militares en tareas de resguardo del orden público, bajo determinadas condiciones.

Videla también reiteró su crítica al Gobierno central por, a su juicio, “minimizar la gravedad del problema” y “demorar respuestas concretas mientras las comunidades siguen expuestas a un clima de inseguridad constante”.

Cifras que respaldan la urgencia

Las estadísticas recientes refuerzan la preocupación del diputado. En 2024, la Región de Antofagasta registró 50 homicidios consumados, lo que representa una tasa de 7,0 por cada 100 mil habitantes. Aunque esta cifra muestra una disminución del 15,7% respecto al año anterior, la región sigue estando entre las más afectadas del país .

Particularmente alarmante es la situación en Calama, que experimentó un aumento del 198% en su tasa de homicidios entre 2019 y 2023, posicionándola como la segunda capital provincial con mayor incremento en este delito a nivel nacional .

Además, los delitos asociados al crimen organizado representaron el 44% de los homicidios en la región durante 2024, evidenciando la creciente influencia de estas organizaciones en la zona .

Apoyo ciudadano y coordinación interinstitucional

Durante su declaración, el diputado aseguró haber sostenido conversaciones con dirigentes vecinales y agrupaciones sociales que, según indicó, también avalan la necesidad de una intervención más contundente en materia de seguridad. “Hay consenso en que las estrategias actuales no son suficientes. Necesitamos una intervención con carácter de urgencia, en conjunto con el Ejército, Carabineros y la PDI, con acciones focalizadas y sostenidas”, puntualizó.

Asimismo, llamó al Ejecutivo a establecer una mesa de coordinación interinstitucional que incluya a las autoridades regionales, parlamentarios, policías, fiscales y representantes del Ministerio de Defensa, con el fin de definir un plan de acción inmediato para enfrentar la crisis.

“La situación en la macrozona norte ya no resiste más diagnósticos. Se requiere una decisión política valiente que priorice la vida y la seguridad de las personas”, concluyó el diputado.

Videla adelantó que insistirá en este tema durante su próxima intervención en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde pedirá el respaldo de otros legisladores para presentar una propuesta formal que permita activar este tipo de intervenciones en territorios especialmente afectados por el crimen organizado.

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