- El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró la extradición de la exalcaldesa y aseguró que su retorno es resultado de una coordinación internacional sostenida durante más de cuatro años.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, se refirió al regreso a Chile de la exalcaldesa Karen Rojo Venegas, quien fue extraditada desde Países Bajos para dar cumplimiento a la condena de cinco años y un día de presidio efectivo impuesta en su contra por el delito de fraude al fisco.
La exautoridad comunal arribó durante la mañana de este miércoles 15 de julio al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, bajo custodia de funcionarios de la Policía de Investigaciones pertenecientes a Interpol Chile, luego de permanecer privada de libertad en territorio neerlandés mientras se tramitaba su proceso de extradición.
Tras concretarse su llegada, el fiscal Castro Bekios destacó que el procedimiento representa la materialización de una sentencia firme dictada por los tribunales de Antofagasta y el cierre de una prolongada coordinación entre distintas instituciones nacionales e internacionales.
“Hoy se materializa el cumplimiento de una sentencia firme dictada por los tribunales de Antofagasta. Es el resultado del trabajo coordinado del Estado de Chile, el Ministerio Público, la Cancillería, la Policía de Investigaciones, a través de Interpol, y la cooperación del Reino de los Países Bajos, la que, por cierto, agradecemos”, señaló el persecutor regional.
Castro Bekios sostuvo que el regreso de la exalcaldesa constituye una señal respecto de la capacidad del sistema de justicia chileno para ejecutar sus resoluciones, incluso cuando una persona condenada se encuentra fuera del territorio nacional.
“El mensaje es uno solo: en Chile las sentencias se cumplen, no importa cuánto tiempo pase ni quién sea la persona condenada”, afirmó el fiscal regional.
Karen Rojo fue condenada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta por fraude al fisco, en el marco del denominado caso Main, relacionado con la contratación de una asesoría comunicacional financiada mediante recursos públicos y orientada a favorecer su posicionamiento político durante su campaña de reelección municipal.
La investigación acreditó que los servicios fueron pagados con fondos administrados por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, provocando un perjuicio fiscal cercano a los $24 millones.
La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema en marzo de 2022. Sin embargo, Rojo salió de Chile antes de comenzar el cumplimiento efectivo de la pena y viajó a Países Bajos, donde posteriormente fue localizada y detenida en julio de ese mismo año.
A partir de ese momento se inició un extenso procedimiento de extradición, en el que intervinieron la Fiscalía de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Interpol y las autoridades judiciales y administrativas neerlandesas.
El proceso concluyó cuando Países Bajos autorizó formalmente la entrega de la exalcaldesa y la puso a disposición de las autoridades chilenas, permitiendo el viaje de funcionarios de la PDI para custodiarla durante su traslado de regreso al país.
Luego de su arribo al aeropuerto de Santiago, Rojo fue trasladada al Centro de Justicia para comparecer ante el tribunal competente y dar continuidad al procedimiento relacionado con la ejecución de su condena.
La Fiscalía explicó que las solicitudes que pueda presentar la defensa, especialmente aquellas vinculadas al abono del tiempo que permaneció privada de libertad en Países Bajos y a la eventual concesión de beneficios penitenciarios, deberán ser resueltas por los tribunales correspondientes.
“Las cuestiones procesales que se planteen las resolverán los tribunales competentes y ahí el Ministerio Público expondrá su posición”, indicó Juan Castro Bekios.
La defensa de la exautoridad ha sostenido que el periodo de reclusión cumplido en Europa debería ser descontado de la pena impuesta en Chile, argumentando que Rojo habría completado una parte significativa de la condena durante el proceso de extradición.
Sin embargo, dicha solicitud no opera de forma automática. Para establecer el eventual abono será necesario contar con documentación oficial que precise la cantidad de días en que permaneció detenida exclusivamente por el requerimiento de la justicia chilena.
También corresponderá a los tribunales evaluar si la condenada cumple los requisitos legales para acceder a algún beneficio penitenciario o modalidad alternativa de cumplimiento, considerando el tiempo reconocido, su conducta y las normas aplicables.
El caso de Karen Rojo tuvo un fuerte impacto político y judicial en Antofagasta, debido a que involucró a quien ejerció como alcaldesa de la comuna entre 2012 y 2020 y puso bajo investigación el uso de recursos públicos destinados a la administración municipal.
Su salida del país, ocurrida antes de comenzar el cumplimiento de la sentencia, generó cuestionamientos sobre los mecanismos disponibles para impedir que una persona condenada abandone Chile cuando todavía existen recursos o trámites judiciales pendientes.
Con su extradición, el Ministerio Público busca cerrar una etapa marcada por más de cuatro años de gestiones internacionales y asegurar la ejecución de una pena que se encontraba firme.
La declaración del fiscal regional apunta precisamente a reforzar que las resoluciones judiciales deben cumplirse independientemente del cargo, la influencia política o el tiempo transcurrido desde la condena.
El retorno de Karen Rojo abre ahora una nueva fase procesal centrada en el cómputo definitivo de la pena, el lugar donde deberá cumplirla y las solicitudes que formule su defensa ante los tribunales.
Mientras esas materias son analizadas, la Fiscalía de Antofagasta sostuvo que defenderá su posición en cada una de las audiencias y reiteró que la extradición constituye el resultado de una acción coordinada del Estado destinada a evitar que una sentencia firme quede sin cumplimiento.