- El organismo fiscalizador determinó que la exautoridad actuó fuera del marco de sus atribuciones al requerir información detallada de funcionarios vinculados al caso “Clan Chen” en Tarapacá.
La Contraloría General de la República determinó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, no se ajustó estrictamente al marco de atribuciones que la legislación entrega a una ministra de Estado, luego de solicitar a la Policía de Investigaciones antecedentes detallados sobre funcionarios vinculados a una investigación penal en desarrollo.
El pronunciamiento del organismo fiscalizador se originó a partir de requerimientos presentados por los diputados Raúl Leiva y Patricio Pinilla, quienes cuestionaron un oficio reservado enviado por Steinert al director general de la PDI, Eduardo Cerna, pocos días después de asumir el cargo en marzo de 2026.
De acuerdo con los antecedentes analizados, la entonces ministra solicitó información pormenorizada sobre funcionarios policiales relacionados con el denominado caso “Clan Chen”, investigación desarrollada en la Región de Tarapacá y vinculada a indagatorias de alta sensibilidad institucional.
Entre los datos requeridos se encontraban nombres completos, RUT, grados, destinaciones, antecedentes disciplinarios, sumarios internos y eventuales denuncias penales de los funcionarios relacionados con la causa. Para la Contraloría, el nivel de detalle solicitado excedía lo necesario para las funciones propias del Ministerio de Seguridad, orientadas a tareas de planificación, coordinación, supervisión y evaluación de políticas públicas en la materia.
El dictamen advierte que la entrega de ese tipo de información podía interferir o afectar el desarrollo de una investigación penal vigente, especialmente considerando que se trataba de antecedentes asociados a funcionarios vinculados a diligencias en curso. En esa línea, el organismo sostuvo que las autoridades deben actuar con especial cautela cuando sus requerimientos puedan incidir en causas judiciales o investigaciones lideradas por el Ministerio Público.
La Contraloría también hizo presente que Steinert debía observar el deber de abstención, debido a que la brigada involucrada en los antecedentes solicitados había trabajado anteriormente con ella durante su etapa como fiscal regional de Tarapacá. Según el análisis del ente contralor, esa circunstancia podía configurar un eventual conflicto de interés o, al menos, exigir un estándar reforzado de prudencia administrativa.
El pronunciamiento representa un nuevo antecedente institucional en torno a una de las controversias que marcó la breve gestión de Steinert al mando del Ministerio de Seguridad. Su solicitud de información a la PDI generó cuestionamientos políticos y jurídicos, particularmente por el carácter reservado del oficio y por el vínculo de los funcionarios requeridos con una causa penal aún en desarrollo.
A juicio del organismo fiscalizador, las funciones de una ministra de Estado no habilitan por sí solas la solicitud de antecedentes personales, disciplinarios o penales con ese nivel de especificidad, cuando estos no resultan indispensables para el cumplimiento de las competencias legales del ministerio respectivo.
Pese a la severidad del análisis administrativo, el dictamen no establece responsabilidades penales contra la exautoridad ni se pronuncia sobre eventuales delitos. Tampoco cuestiona la legalidad de la salida de la entonces subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, aspecto que también había sido mencionado en el debate público a raíz de este caso.
De esta manera, la Contraloría delimitó el alcance administrativo del pronunciamiento, concentrando sus conclusiones en el exceso de atribuciones, la pertinencia de la información solicitada y el deber de abstención que debía observar la exministra frente a antecedentes que podían vincularla con equipos policiales con los que tuvo relación profesional previa.
El caso vuelve a instalar el debate sobre los límites de la autoridad política en materias de seguridad, especialmente cuando se trata de información sensible de instituciones policiales y causas penales en curso. Asimismo, refuerza la necesidad de resguardar la independencia de las investigaciones y el uso proporcional de antecedentes administrativos en el ejercicio de funciones ministeriales.
Tras el dictamen, se espera que los antecedentes sean analizados por las instituciones correspondientes y por los parlamentarios requirentes, quienes habían solicitado al órgano contralor revisar si el actuar de Steinert se ajustaba a derecho. Mientras tanto, la resolución marca un precedente sobre el estándar que deberán observar las autoridades de seguridad al requerir información a las policías en contextos judiciales abiertos.