- El ciudadano colombiano fue sentenciado por tres asaltos, tráfico de drogas y tenencia de un arma de fogueo adaptable para el disparo.
La Fiscalía de Antofagasta obtuvo una sentencia condenatoria de 23 años y 2 días de presidio efectivo en contra de un ciudadano colombiano, mayor de edad, declarado autor de tres delitos de robo con violencia e intimidación, además de tráfico ilícito de drogas y tenencia de un arma de fogueo adaptable o transformable.
El fallo es resultado de una extensa investigación desarrollada por el Ministerio Público en conjunto con la Brigada Investigadora de Robos, BIRO, de la Policía de Investigaciones, cuyas diligencias permitieron reconstruir una sucesión de delitos cometidos en distintos puntos de Antofagasta y acreditar la participación del acusado, identificado como Robinson Granados Mosquera.
Los hechos investigados ocurrieron el 30 de agosto de 2023, el 31 de julio de 2024 y el 2 de febrero de 2025, y afectaron a un almacén, un domicilio particular y un casino de juegos. De acuerdo con los antecedentes expuestos durante el juicio oral, el condenado actuó acompañado por otros sujetos y logró sustraer más de 30 millones de pesos entre dinero en efectivo y diversas especies.
Para acreditar los delitos y la intervención del acusado, la Fiscalía presentó abundante prueba testimonial, documental, pericial y audiovisual. Entre los antecedentes incorporados al juicio se incluyeron registros de cámaras de seguridad, análisis comparativos de imágenes, informes policiales, peritajes balísticos y químicos, además de declaraciones de funcionarios que participaron en las distintas diligencias investigativas.
El trabajo coordinado entre la Fiscalía y la BIRO permitió vincular al imputado con los tres robos mediante el análisis detallado de las grabaciones obtenidas en los sitios del suceso. Los investigadores compararon las características físicas del acusado, sus movimientos y la utilización reiterada de determinadas prendas de vestir.
A ello se sumó la coincidencia entre las especies observadas en los registros audiovisuales y aquellas encontradas posteriormente en poder del condenado, elementos que permitieron reforzar la hipótesis investigativa y establecer un patrón común entre los distintos delitos.
La investigación culminó con una diligencia de entrada y registro a un inmueble, procedimiento durante el cual se concretó la detención del imputado. En el lugar, los detectives incautaron un arma de fogueo adaptable para efectuar disparos, más de un kilogramo de marihuana, teléfonos celulares y vestimentas que habrían sido utilizadas durante la ejecución de los robos.
Las especies recuperadas fueron sometidas a peritajes especializados, cuyos resultados fueron presentados por el Ministerio Público ante el tribunal como parte de la prueba destinada a demostrar la responsabilidad penal del acusado.
Tras analizar los antecedentes aportados durante el juicio, el tribunal resolvió condenar a G. M. a 15 años de presidio por los tres delitos de robo con violencia e intimidación.
Además, se le impuso una pena de 5 años y un día de presidio por el delito de tráfico ilícito de drogas, debido a la marihuana encontrada durante el procedimiento policial.
A estas sanciones se añadieron otros 3 años y un día de presidio por la tenencia de un arma de fogueo adaptable o transformable, cuya posesión se encuentra sancionada por la legislación vigente debido a su capacidad de ser modificada para efectuar disparos.
De esta manera, las penas aplicadas alcanzan un total de 23 años y 2 días de privación de libertad.
La sentencia establece que, una vez que el fallo quede ejecutoriado, todas las penas deberán ser cumplidas de manera efectiva y sin solución de continuidad. Esto significa que el condenado deberá cumplir una sanción inmediatamente después de la otra, sin que exista interrupción entre ellas.
El tribunal considerará a favor del sentenciado el tiempo que ha permanecido privado de libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva, periodo que será descontado del total de las condenas impuestas.
La resolución constituye uno de los resultados judiciales más relevantes obtenidos recientemente en investigaciones por robos violentos desarrolladas en la capital regional, debido tanto a la cantidad de delitos acreditados como a la extensión de las penas aplicadas.
La investigación permitió establecer que los ataques no correspondían a hechos aislados, sino a una sucesión de delitos cometidos en diferentes fechas y contra víctimas de distinta naturaleza, incluyendo un pequeño establecimiento comercial, una vivienda y un recinto de juegos.
El uso de violencia e intimidación fue un elemento central en la acusación presentada por el Ministerio Público, considerando que los responsables actuaban con el propósito de reducir la resistencia de las víctimas y facilitar la sustracción de dinero y especies.
La utilización de cámaras de seguridad resultó determinante para reconstruir la forma en que se desarrollaron los robos, identificar características comunes y orientar las diligencias policiales hacia el acusado.
Los análisis comparativos permitieron observar la reiteración de vestimentas, rasgos físicos y otros elementos presentes en las grabaciones, antecedentes que posteriormente fueron contrastados con los objetos incautados durante el allanamiento.
Los peritajes balísticos también permitieron establecer las características del arma encontrada en poder del imputado y su condición de artefacto adaptable o transformable para el disparo, antecedente que dio origen a una condena independiente.
De igual manera, las pericias químicas confirmaron la naturaleza de la sustancia vegetal incautada y permitieron sustentar la acusación por tráfico ilícito de drogas.
La prueba presentada por la Fiscalía fue complementada con las declaraciones de detectives y otros funcionarios policiales que participaron en la revisión de imágenes, empadronamientos, análisis de información, entrada y registro del domicilio e incautación de las especies.
El conjunto de estos antecedentes permitió al tribunal arribar a una convicción condenatoria respecto de la participación de Robinson Granados Mosquera en los tres robos y en los delitos asociados a las especies encontradas durante su detención.
La sentencia todavía no se encuentra firme, debido a que la defensa del condenado dispone de un plazo legal para presentar un recurso en contra de la resolución dictada por el tribunal.
En caso de que no se interpongan acciones judiciales o que estas sean rechazadas, el fallo quedará ejecutoriado y comenzará el cómputo definitivo de las penas impuestas.
La Fiscalía de Antofagasta destacó la relevancia del trabajo investigativo desarrollado junto a la BIRO, especialmente por el uso de distintas técnicas de análisis criminal y evidencia audiovisual para esclarecer delitos cometidos en diferentes fechas.
La coordinación entre fiscales, detectives y equipos periciales permitió reunir antecedentes suficientes para sostener la acusación en juicio y obtener una sentencia que contempla el cumplimiento efectivo de todas las penas.
El caso vuelve a poner de relieve la importancia de los registros de cámaras de seguridad y del análisis especializado de imágenes en investigaciones por delitos violentos, debido a que estas herramientas pueden aportar elementos decisivos para identificar a los responsables y relacionarlos con distintos hechos.
Asimismo, la condena evidencia las consecuencias penales asociadas no solo a los robos violentos, sino también a la tenencia de armas modificables y al tráfico de sustancias ilícitas.
Mientras la defensa evalúa la eventual presentación de recursos, el condenado continuará privado de libertad, a la espera de que la sentencia quede firme y se determine el cumplimiento definitivo de los 23 años y 2 días de presidio impuestos por el tribunal.