- El menor de edad fue sentenciado por embestir y atropellar a un funcionario policial durante un procedimiento por robo de vehículo registrado en mayo de 2025. Otros dos involucrados también fueron condenados por receptación de vehículo motorizado.
Un adolescente fue condenado como autor de los delitos de homicidio frustrado cometido contra un funcionario de Carabineros en ejercicio de sus funciones y receptación de vehículo motorizado, por hechos ocurridos el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Antofagasta, durante un procedimiento policial originado tras la denuncia por el robo de un automóvil.
Según los antecedentes establecidos en la investigación desarrollada por la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional de Antofagasta, funcionarios de Carabineros concurrieron hasta calle Martin Luther King luego de recibir información relacionada con un vehículo sustraído. Al llegar al lugar, los efectivos divisaron a un grupo de sujetos que se encontraba manipulando el automóvil denunciado como robado, por lo que se activó el procedimiento correspondiente.
En ese contexto, al advertir la presencia policial, el adolescente acusado se ubicó al volante del vehículo e intentó huir del lugar. Durante esa maniobra, embistió directamente a uno de los carabineros que trataba de impedir su escape y cerrarle el paso. Producto del impacto, el funcionario cayó al suelo y posteriormente fue atropellado por el imputado, sufriendo lesiones calificadas como de extrema gravedad.
La gravedad de los hechos llevó a que el Ministerio Público sostuviera una acusación por homicidio frustrado contra funcionario policial en ejercicio de sus funciones, además del delito de receptación de vehículo motorizado. Tras el desarrollo del proceso judicial, el tribunal dictó sentencia condenatoria contra el adolescente, imponiéndole una sanción unificada de 8 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.
La resolución judicial también alcanzó a otros involucrados en los hechos. Un segundo adolescente fue condenado por el delito de receptación de vehículo motorizado y recibió una sanción unificada de 5 años de libertad asistida especial con internación parcial. En tanto, un imputado mayor de edad fue condenado a 3 años y 5 meses de presidio menor en su grado máximo, también por receptación de vehículo motorizado, pena que fue sustituida por el tribunal por libertad vigilada intensiva.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la violencia que enfrentan los funcionarios policiales durante procedimientos de fiscalización, persecución o recuperación de vehículos robados, especialmente cuando los delitos asociados al robo y receptación de automóviles derivan en situaciones de alto riesgo tanto para las policías como para la comunidad.
La condena también expone la participación de adolescentes en delitos graves, un fenómeno que preocupa a las instituciones vinculadas a la persecución penal y a la seguridad pública, debido a la escalada de violencia que puede observarse en hechos que inicialmente se originan en delitos contra la propiedad, pero que terminan comprometiendo la vida e integridad física de funcionarios y terceros.
En este caso, la acción del condenado no solo estuvo asociada a la manipulación de un vehículo previamente sustraído, sino que, de acuerdo con lo acreditado en el proceso, incluyó una maniobra directa contra un carabinero que cumplía labores propias de su función policial. Esa conducta fue considerada por el tribunal como constitutiva de homicidio frustrado, atendida la gravedad del ataque y las lesiones provocadas.
Tras la sentencia, las defensas de los condenados cuentan ahora con el plazo legal correspondiente para recurrir en contra de la resolución dictada por el tribunal. Mientras ello ocurre, el fallo marca un precedente relevante en materia de persecución penal frente a hechos de violencia grave contra funcionarios policiales en servicio.
El caso deja, además, una señal institucional respecto de la necesidad de fortalecer tanto la prevención del robo de vehículos como la respuesta penal frente a quienes participan en cadenas de receptación y utilizan automóviles sustraídos para evadir controles o enfrentar procedimientos policiales. En Antofagasta, la seguridad pública vuelve a quedar tensionada por hechos donde el delito, la violencia y la participación de menores de edad se cruzan en escenarios cada vez más complejos para las policías, la justicia y la ciudadanía.